El condominio “Máximo y Florencia Kirchner” administra 25 propiedades que heredaron de Néstor Kirchner y está intervenido por la Justicia. El diputado pide que las deudas las pague el responsable de manejar Los Sauces y Hotesur.
El abogado de Máximo Kirchner, Carlos Beraldi, informó al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que tiene a su cargo los casos Hotesur y Los Sauces -las dos empresas familiares investigadas por lavado de dinero- que a raíz de la intervención judicial ordenada en el Condominio que administra las propiedades de la herencia de Néstor Kirchner, el diputado nacional “acumuló deudas fiscales por el incumplimiento por parte de la intervención judicial”.
Se trata de las dos empresas familiares investigadas por lavado de dinero. Por la acumulación de deudas de esas propiedades, Máximo quiere acogerse a una moratoria. Pero pide que las cuotas correspondientes sean abonadas con fondos que se obtengan de la intervención, y luego depositadas en su cuenta. De esa manera, podría ir cancelándolas mes a mes.
El “condominio Máximo y Florencia Kirchner” administra 25 propiedades que fueron producto de la sucesión de bienes de Néstor Kirchner. En marzo de 2016, Cristina Kirchner cedió su patrimonio a sus hijos. Así, Máximo quedó como dueño del 50% de ese condominio (que explota los inmuebles heredados).
En el marco de la causa Los Sauces -la inmobiliaria familiar investigada por lavado de dinero-, el juez Claudio Bonadio decidió en 2016 intervenir no sólo la compañía sino también el condominio. Desde entonces, la licenciada Raquel Moyano está al frente de la administración.
Como titular, Máximo Kirchner tiene obligaciones impositivas correspondientes al impuesto sobre bienes personales. Además, a raíz del alquiler de dichos inmuebles, “durante estos últimos años se devengaron obligaciones fiscales en concepto de IVA y Ganancias”, explicó el abogado Beraldi, quien recordó que los alquileres de las propiedades que administra Los Sauces “fueron y son percibidos por la Lic. Moyano”.
Beraldi sostiene que Máximo “fue desapoderado de sus propiedades” y por eso “no puede usufructuarlas”. La consecuencia es que “los fondos recaudados por su locación son administrados por una auxiliar de la justicia”.
“Por otro lado, nuestro representado debe soportar cuantiosas cargas tributarias que son consecuencia directa e inmediata de la titularidad registral de inmuebles de los que fue despojado (Bienes Personales) y de una actividad comercial que, en la actual coyuntura, no le redunda ningún rédito (IVA y Ganancias)“, agregó el abogado K.
Con información de Clarín
