Los K avanzan con su maniobra para beneficiar a condenados por corrupción

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Con cambios en el Código Procesal Penal permiten la revisión de sentencias firmes ante organismos internacionales. La oposición habla de “garantías de impunidad”.


El oficialismo avanzó con una polémica resolución que puso en vigor seis artículos del Código Procesal Penal de la Nación, y de esta manera podría beneficiar a acusados por corrupción porque permite la revisión de una sentencia firme. La maniobra se ejecutó desde el Congreso y motivó la inmediata reacción de la oposición, que consideró a estos artículos una “garantía de impunidad” para exfuncionarios, donde el principal protagonista el ex vicepresidente Amado Boudou.

Entre los artículos que entraron en vigencia figura el 366 en forma completa, que indica que “la revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo y únicamente a favor del condenado” teniendo en cuenta varios motivos entre los que se encuentra el inciso F, que ya había sido aprobado a comienzos de 2020 y que abre la puerta a que haya una instancia superior a la Corte Suprema de Justicia.

Justamente ese punto habilita la revisión de una “sentencia firme en favor del condenado toda vez que se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual”. Admite así que en esos casos la última palabra pueda ser de un organismo internacional, como una nueva oportunidad para el condenado de seguir apelando y que mientras tanto, a partir de la aprobación del artículo 375, esté eximido de cumplir con la pena en prisión.

Dicho artículo establece que “solo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes. El órgano jurisdiccional remitirá a la oficina judicial copia de la sentencia para que forme la carpeta de ejecución penal y pondrá en conocimiento al juez y a las partes que intervengan”.

El nuevo Código Procesal Penal se aprobó en 2014 e impulsa el sistema acusatorio, es decir que delega la investigación en los fiscales. La asunción de Mauricio Macri en 2015, el conflicto con Alejandra Gils Carbó y la imposibilidad de Macri de nombrar otro Procurador dilataron su aplicación a nivel nacional. Sólo está vigente, por ahora, en dos provincias, Salta y Jujuy.

Los artículos que entraron en vigencia permiten la revisión de una condena firme y que haya una instancia superior a la Corte Suprema. Mientras apela, el acusado puede esquivar la prisión.

La decisión se tomó durante una reunión de la Comisión Bicameral e Implementación del Código Procesal Penal que comanda la ultra kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y fue publicada este miércoles 10 de febrero en el Boletín Oficial.

El texto tiene las firmas de Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Ramiro Gutiérrez, Roberto Mirabella, María Inés Pilatti Vergara, María de los Angeles Sacnun, Martín Soria y Marisa Lourdes Uceda.