Diputados de la oposición liderados por Luis Petri, sostienen que “el Estado quedándose con parte de las acciones de las empresas a cambio de ayuda, es atentar contra el derecho de propiedad”.
El plan de estatización de empresas subsidiadas que sean asistidas por la pandemia sigue dando tela para cortar y varias voces importantes del oficialismo ya se expresaron a favor de implementarla. Luego del masivo repudio de la oposición, Juntos por el Cambio presentó una propuesta en la Cámara Baja para frenar la idea de la diputada ultra K Fernanda Vallejos.
“El Estado involucrándose en los planes de negocios de las empresas y quedándose con parte de sus acciones a cambio de ayuda, es atentar contra el derecho de propiedad, una confiscación de bienes encubierta”, reclamó el diputado Luis Petri, quien encabeza el proyecto que cuenta con el apoyo de Waldo Wolff, Alfredo Cornejo, Fernando Iglesias, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Álvaro de Lamadrid, Jimena Latorre, Estela Regidor, Lidia Ascárate, Ximena García, Gonzalo Del Cerro y Gabriela Lena.
El legislador mendocino aseguró, además, que las declaraciones realizadas por Vallejos “no son aisladas y ha sido el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el que calificó como ‘interesante’ la idea de que el Estado se quede con parte de las empresas que asiste”.
A la vez dejó en claro que “no vamos a permitir que, aprovechando el estado de necesidad, se vulneren los derechos consagrados constitucionalmente”.
La frase del escándalo
“Es claro que estamos ante una situación extraordinaria que, por la enorme cantidad de dificultades sanitarias, económicas y sociales que implica la pandemia, demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado”, argumentó días atrás Vallejos en un hilo de Twitter. “Ello implica la inyección de una importante cantidad de recursos que deben ser suficientes para garantizar la preservación del tejido productivo y el bienestar de las familias mientras dura el confinamiento“, añadió la dirigente.
En este marco, según la funcionaria, el Estado tiene dos grandes opciones. “Una es aplicar una política de transferencia de ingresos y distintos mecanismos de ayuda de carácter universal, el otro es asignar esos recursos sólo a quienes el Estado evalúa que los necesitan”. Explicó que el gobierno argentino “ha optado por este segundo camino”, de ayudas focalizadas. Y aseguró que “los criterios aplicados para determinar quiénes acceden y quienes son excluidos de las ayudas, se tornan cruciales”.
En tanto, justificó la apropiación de entidades por parte del Estado ya que si los recursos no alcanzan para todos, “resulta injusto que empresas con probada capacidad y recursos propios para afrontar los salarios de los trabajadores, capturen recursos públicos que deberían servir para cualquier otro fin de primer orden”.
“Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”, indicó.
