La iniciativa será enviada a la Cámara Alta la semana próxima, donde el oficialismo tiene amplia mayoría para darle media sanción.
Pese al intenso rechazo de Juntos por el Cambio, Consenso Federal y el espacio de Juan Schiaretti al proyecto de reforma judicial, el Frente de Todos aplicó su mayoría y logró el dictamen para que la semana próxima busquen darle media sanción en el Senado.
En un hecho sin precedentes, el dictamen fue pasado a la firma sin que la mayoría de los senadores que integran el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia conocieran su contenido.
La oposición no obtuvo respuesta cuando la macrista Laura Rodríguez Machado (Córdoba) pidió tener acceso al texto impulsado por el Frente de Todos. “El despacho tiene que ser público, pero no hemos podido lograr ver el dictamen”, se quejó la senadora en diálogo con LA NACION.
En esa exposición inicial, la senadora oficialista reveló que el costo de la reforma ascenderá a los 1930 millones de pesos, según una estimación que le acercó el Ministerio de Justicia, que conduce Marcela Losardo.
Pero los ejes centrales y más cuestionados de la reforma, como la intención de licuar el poder de los jueces federales con asiento en Comodoro Py, se mantienen sin modificaciones.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo el 30 de julio avanza con la creación de 23 nuevos juzgados federales en la Capital que, sumados a la fusión con el fuero penal económico porteño, llevará la cifra del nuevo fuero penal federal a 46 tribunales. Tampoco se cambió de manera sustancial el sistema que se utilizará para cubrir los 23 nuevos juzgados hasta tanto se realicen los concursos para designar a los magistrados titulares.
A pesar de las fuertes objeciones sobre su constitucionalidad planteadas durante el debate del proyecto en comisiones, esos tribunales serán subrogados durante un año, prorrogable por seis meses, por jueces del fuero criminal nacional designados por el Consejo de la Magistratura a propuesta de la Cámara Nacional de Casación Criminal.
La intención del kirchnerismo en avanzar con la reforma mereció fuertes críticas de los senadores de Juntos por el cambio, cuya mesa nacional le había reclamado al presidente Alberto Fernández que retirara el proyecto por njo haber consenso previo. “Cuando se imponen reformas de prepo, terminan mal”, advirtió el jefe del principal bloque opositor, Luis Naidenoff (UCR-Formosa).
Antes, la tucumana Silvia Elías de Pérez había denunciado que la reforma forma parte de lo que denominó “un combo enorme”, en el que incluyó la ofensiva del kirchnerismo para desplazar al procurador general interino, Eduardo Casal, con el objetivo “intervenir la Justicia”.
