Antes de que el caso llegue a un nuevo departamento judicial, el viceministro de Justica alertó que la magistrada podría ser “imparcial” en la investigación.
El viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, se anticipó a la designación de un nuevo juez para la causa del Olivos Gate y dijo que si le tocara a Sandra Arroyo Salgado, podría emitir “un fallo o una investigación imparcial”.
Las declaraciones del funcionario llegan justo después de que el juez Sebastián Casanello, quien llevaba el expediente en Comodoro Py, se declarara incompetente y, por una cuestión jurisdiccional -el presunto delito se cometió en la localidad bonaerense de Olivos- la causa debería recaer en el departamento judicial de San Isidro.
“En términos de una causa con la dimensión política que se le ha pretendido dar, me parece que no es lo más adecuado. Tiene connotaciones demasiado políticas”, dijo Mena acerca de la eventual designación de Arroyo Salgado.
Y remarcó sobre la jueza: “Nadie puede hacerse el sonso en eso. Más allá de las personas que puedan ser investigadas en esta causa, claramente no garantiza ningún tipo de objetividad e imparcialidad, eso lo ha demostrado su conducta en los últimos años”.
El segundo hombre de la cartera de Justicia no solo criticó a Arroyo Salgado, sino que también se mostró descontento con el cambio de jurisdicción en si mismo: “No corresponde por varios motivos. Cuando hay conexión entre dos jurisdicciones históricamente y legalmente se resuelve por la jurisdicción que previno, que avanzó más en la investigación, para no obstaculizar la causa”.
Los principales imputados son el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la primera dama, Fabiola Yáñez, por el festejo de cumpleaños que organizaron con invitados en la quinta de Olivos, el 14 de julio de 2020, cuando en todo el país regían estrictas medidas de confinamiento, que habrían sido violadas por el propio jefe de Estado.
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Fernández había pedido a Casanello su sobreseimiento, argumentando que en la fiesta no se produjeron contagios, además de donar por cuatro meses la mitad de su salario al Hospital Malbrán, como gesto de reparación por su infracción.
Por otra parte, una de las invitadas, Estafanía Domínguez -amiga de la primera dama y única imputada que eligió un abogado aparte para su representación en la causa- había planteado la inconstitucionalidad del decreto con el que el presidente impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio. De darse este escenario, quedarían todos fuera de responsabilidades por la invalidez de la norma de hecho.
Estas serán las dos principales cuestiones que deberá asumir la jueza Arroyo Salgado, en caso de que finalmente la causa recayera en sus despachos de San Isidro. De momento, la magistrada no aceptó el expediente.
