Diego Velasco pidió revertir el polémico fallo del TOF 5, el cual había cancelado el juicio oral pese a la gran cantidad de pruebas y testimonios comprometedores para la vicepresidenta.
El fiscal federal Diego Velasco apeló el sobreseimiento que los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) firmaron a favor de Cristina Kirchner, sus hijos y los demás imputados en los casos Los Sauces y Hotesur. Se trata de las empresas familiares investigadas por haber sido el supuesto vehículo para lavar 120 millones de pesos. El representante del Ministerio Público Fiscal insistió con un planteo ya formulado: el juicio debe realizarse.
El fallo que recurrió el fiscal es el que firmaron los jueces Grunberg y Obligado, quienes fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por supuesto mal desempeño en sus funciones. En disidencia de aquella decisión -que resolvió un sobreseimiento sin la realización del juicio- votó la jueza Adriana Palliotti, quien sostuvo que el “único ámbito para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores resulta ser, inexorablemente, el debate oral, público, contradictorio y continuo, principal etapa del procedimiento penal que garantiza la inmediación entre las partes”.
Ese mismo criterio fue resaltado, una vez más, por el fiscal Velasco, quien en dos ocasiones ya había indicado que la mejor instancia para que los imputados se defiendan es durante el desarrollo del juicio oral. “Los jueces de esta etapa no tienen jurisdicción para resolver lo que en este momento se plantea y que recién se habilitaría la misma una vez iniciado el debate oral”, había señalado.
En el dictamen de 249 páginas al que accedió Clarín, el fiscal sostuvo que la decisión de los jueces es “arbitraria” ya que “padece de omisiones y desaciertos de gravedad extrema que las invalidan como actos judiciales contaminadas de groseros errores jurídicos y en esta se han utilizado argumentos falaces que provocaron conclusiones falsas”.
Bajo ese principio, el fiscal entendió la resolución que sobreseyó a la vicepresidenta y a sus hijos, “ha quebrantado las reglas de valoración específicamente previstas para el caso” omitiendo todos los planteos formulados por el ministerio público, “lo cual constituye un defecto propio de la sentencia arbitraria”.
Entre otras cosas, recordó que hay varias medidas de prueba en curso, más específicamente, dos pericias sobre ambas empresas, donde se pusieron bajo análisis todos los contratos celebrados. La correspondiente a Los Sauces concluía en diciembre, y el informe preliminar había arrojado una serie de irregularidades como pagos que no se condicen con su documentación, libros contables faltantes, falta de fondos para la adquisición de propiedades.
Sin embargo, fue hace veinte días que los dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) votaron el sobreseimiento de la vicepresidente, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y otros trece acusados. En aquel fallo sostuvieron que no podía sostenerse la tesis de las maniobras de lavado de dinero y discutieron la figura por presunta asociación ilícita que pesaba sobre Cristina Kirchner.
Contra esa decisión se pronunció el fiscal ante el TOF 5. Una vez concedida la apelación por parte del Tribunal Oral Federal 5, la misma será elevada a la Cámara de Casación. Será la Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barrotaveña y Ana María Figueroa, la responsable de resolver si Cristina Kirchner y los demás acusados deberán afrontar el juicio oral o no.
Hotesur SA y Los Sauces SA son las empresas de la familia Kirchner utilizadas -según la Justicia- para lavar dinero por un total de $120 millones desde 2009 a 2015. La investigación sostuvo que esas firmas no tenían fines comerciales, muy por el contrario eran inviables, y sólo se montaron con el fin de canalizar fondos de origen ilícito.
Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambos casos, un común denominador fue Lázaro Báez como inquilino en la inmobiliaria y como responsable de administrar y explotar los hoteles. Para los jueces Obligado y Grunberg, esos contratos con quien al mismo tiempo era beneficiado con obras públicas investigadas por sobreprecios, no son siquiera sospechosos por algún delito.
Información de Lucía Salinas en Clarín
