Alonso aniquiló a cuatro diputados por “vender sus votos” al kirchnerismo

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La ex titular de la Oficina Anticorrupción cargó contra los “falsos opositores” que darían sus votos para que el Gobierno consiga desplazar al actual Procurador Eduardo Casal y así avanzar con su reforma en el Ministerio Público Fiscal.


La ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, disparó munición gruesa contra cuatro legisladores que darían sus votos para que el Gobierno pueda conseguir su objetivo de desplazar al actual Procurador General, Eduardo Casal.

El oficialismo tratará en comisión el proyecto de ley que impulsa la reforma del Ministerio Público Fiscal, que propone que la designación del procurador general se realice con una mayoría absoluta del Senado (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes (48 si se sientan todos) que rige actualmente.

En ese marco, la ex funcionaria de Mauricio Macri le apuntó a Diego Sartori, Pablo Ansaloni, Ricardo Wellbach y Luis Di Giacomo, integrantes del bloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Luis Ramón.

“Falso opositor; vendió su voto para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal y garantizar la impunidad de Cristina Kirchner. Corrupto y traidor a la patria”, fue uno de los mensaje de la exfuncionaria de Cambiemos en sus redes sociales.

“La libertad individual y la propiedad están en riesgo. Un procurador politizado que puede digitar o intervenir o correr a los fiscales de sus causas, en el sistema acusatorio donde estos son los principales impulsores de la acción, es una herida de muerte a la independencia judicial y las garantías de igualdad de tratamiento ante la ley e imparcialidad que tenemos los ciudadanos”, dijo Alonso en otro medio.

“Un jefe de fiscales con esos poderes viola la Constitución y los tratados internacionales de DDHH en los que se garantiza el acceso a una justicia independiente, objetiva e imparcial. Los empresarios, los opositores, las ONG, los periodistas independientes y cualquier ciudadano que ejerza una crítica sobre el poder podría ser apuntado por un fiscal políticamente flexible o presionado por su Procurador. Es un retorno a 2013, solo que esta vez quieren dominar el sistema; impunidad para Cristina Kirchner y su familia y persecución a opositores, empresarios y todo aquel que no se someta”, agregó.