Desde el Gobierno aseguran que el porcentaje que se le restó a la Capital Federal ya quedó desactualizado.
Mientras Horacio Rodríguez Larreta trabaja contrarreloj en la presentación ante la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar el recorte en la coparticipación a la Ciudad, en el Gobierno se muestran confiados en que la decisión de Alberto Fernández revirtió un beneficio “ilegítimo” que la gestión de Mauricio Macri le otorgó cuando le traspasó la Policía Federal y avisan que incluso “si se quisiera el recorte podría ser mayor” al porcentaje que dispuso el Presidente la semana pasada.
En línea con el informe técnico que Clarín reveló este martes, en Casa Rosada advierten que el excedente transferido a la Ciudad desde 2016 a valores de hoy “superaría los $ 130 mil millones de pesos”. Son números sobre los que Alberto F. ya está al tanto y que, aseguran en la Rosada, tuvo en cuenta a la hora de disponer la quita de 1,18% para auxiliar a la provincia.
A una semana de aquel anuncio, el Gobierno redobla su postura en respuesta a la reacción de la Ciudad. Si inicialmente se había intentado relativizar la reacción de Rodríguez Larreta, la firmeza del jefe de Gobierno para que sea el alto tribunal el que dirima la cuestión y la falta de diálogo entre el Presidente y el alcalde tensaron el vínculo más que nunca entre ambas administraciones.
En este contexto, en la Ciudad preparan los argumentos jurídicos y técnicos para contrarrestar la medida y sostienen que se trató de una medida “injustificada, intempestiva y arbitraria”. Y el Gobierno nacional redobla la apuesta y, con números en la mano, defiende el recorte. Rechaza que haya habido un exceso en la quita y sostiene que Alberto F. pudo haber reducido todavía más el porcentaje de coparticipación que fijó en 0,92 por ciento en concepto de la Policía Federal.
Quien lo afirma a Clarín es la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, cerebro “económico” del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y quien llevó adelante las negociaciones con los equipos de la Ciudad hasta el inicio de la pandemia.
No se trata, dice Batakis, de una medida arbitraria y para perjudicar al jefe de Gobierno porteño, sino que está amparada por los cálculos que hicieron en su área a partir de los efectivos, y bienes y servicios de la Policía Federal transferidos a la órbita porteña en 2016.
“Durante 4 años y 8 meses, recibieron una cifra muy por encima de lo que se necesitaba para garantizar el servicio transferido”, afirma la ex ministra de Economía bonaerense en diálogo con Clarín. Y alerta que el Presidente eligió el recorte “menor” del menú de opciones: “Hay sustento legal para justificar, si se quisiera, una reducción mayor, dado todos los excedentes recibidos por la Ciudad”.
¿A qué se refiere Batakis? Como contó este diario este martes, el informe técnico que respaldó la medida de Fernández puso el foco en el método que se usó para calcular los gastos en materia de Seguridad metropolitana de la Policía Federal, que llevó a Macri a aumentar de 1,4 a 3,75 (en 2018 bajó a 3,5 tras la firma del Consenso Fiscal) el porcentaje de coparticipación.
Para el Gobierno, en ese método se produjo un “desfasaje inicial” que terminó impactando en lo sucesivo. Es que entre 2016 y 2019 aumentó la masa coparticipable, por lo que el 0,92% que implicaban -según el actual Gobierno y tal como refrendó Alberto F. la semana pasada- los fondos necesarios para cubrir el traspaso de la policía, hoy sería el 0,58%. Para la Ciudad, en cambio, no hubo ningún exceso y el aumento en 2,35 de la coparticipación fue acorde: “No recibimos ni un peso de más”.
Batakis argumenta: “Cuando uno se detiene a mirar los números concretos, ejecutados del año 2016, el monto equivalente en porcentajes de recursos nacionales de coparticipación fue de 0,92%. Ahora bien, cuando uno actualiza el monto del año 2016, por variación salarial e índice de precios, al año 2019, la equivalencia en porcentaje se reduce a 0,58%, que es el valor que se podría haber utilizado para establecer la participación”.
Y advierte: “Es decir, decidimos darle el valor máximo de los dos analizados, en el entendimiento de que la transferencia fue hecha en el 2016. Pero por supuesto hay sustento legal para justificar, si se quisiera, una reducción mayor, dado todos los excedentes recibidos por CABA, lo cual implicó menos escuelas, hospitales, rutas, conectividad, en el resto del país”.
Según el relevamiento que hizo el Gobierno, en el acuerdo se transfirieron 19.953 agentes (entre ellos 17.662 suboficiales y/o agentes), 14 inmuebles y 1.286 rodados. Sobre eso, apuntan, debería hacerse el cálculo de gastos y del funcionamiento de la fuerza.
“Cuando casi se triplicó la participación de la CABA en los recursos nacionales de coparticipación (2016), no hubo informe fundado que le dé base analítica a ese incremento. Hay dos posibilidades: o fueron muy pocos serios, o sabiendo que efectivamente el valor monetario de los servicios transferidos era menor, decidieron no agregar ningún cálculo y especular con esa picardía”, cuestiona Batakis, en un discurso parecido al de De Pedro.
Por el momento, más allá de la advertencia, no está en análisis del Gobierno avanzar con un recorte adicional a la Ciudad. Sí, en cambio, es la intención de un sector del peronismo, especialmente de un grupo de diputados nacionales, que presiona para que la Casa Rosada le pida a la administración porteña que reintegre el excedente acumulado en los últimos cuatro años y lo reparta entre las provincias.
Por Ignacio Ortelli en Clarín
