Qué dice la iniciativa sobre vacaciones, indemnizaciones y despidos, entre otros puntos.
Tras semanas de negociaciones, el gobierno de Javier Milei terminó de cerrar el texto definitivo de la reforma laboral que enviará al Congreso. La iniciativa, elaborada en el Consejo de Mayo, introduce una modernización integral del marco vigente e impacta en áreas sensibles como vacaciones, indemnizaciones, despidos, jornada laboral, regímenes especiales y procesos judiciales.
El objetivo oficial es actualizar normas consideradas “anticuadas” y generar mayor previsibilidad en las relaciones de trabajo, tanto en el sector privado como en el público.
La versión final incorpora regulaciones sobre vacaciones, banco de horas, remuneraciones, enfermedad, trabajo agrario, casas particulares y plataformas digitales, junto con cambios procesales en materia laboral.
Vacaciones: nuevas reglas para fraccionar y ampliar
La reforma mantiene el derecho a vacaciones anuales pagas previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, pero incorpora una mayor flexibilidad. Empleadores y trabajadores podrán pactar ampliaciones del período, respetando los mínimos legales, y el descanso deberá concederse entre el 1° de octubre y el 30 de abril.
Cada fracción de vacaciones no podrá ser menor a siete días corridos, y al menos una vez cada tres años deberá otorgarse en verano. La Autoridad de Aplicación podrá habilitar excepciones cuando existan causas justificadas.
Banco de horas: más flexibilidad para organizar jornadas
El proyecto habilita la creación de un banco de horas, acordado voluntariamente por escrito entre empresa y trabajador. Permitirá compensar jornadas extensas con días más breves dentro del límite semanal legal. Los convenios colectivos podrán definir métodos de cálculo promediado, siempre garantizando descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales. El sistema requiere controles claros que registren horas trabajadas y horas pendientes de compensación.
Indemnizaciones y despidos: fondos de cese y topes nuevos
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por fondos o seguros sectoriales financiados con aportes patronales. La base de cálculo incluirá salario básico, conceptos habituales y antigüedad, excluyendo pagos extraordinarios. Se fijan topes: el monto no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio, con un piso del 67%. Para los despidos sin causa, continúa el esquema de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, y si la Justicia declara inválida la desvinculación, el trabajador podrá optar entre reincorporación o indemnización. En actividades esenciales se establecen servicios mínimos del 75%, y del 50% en sectores estratégicos como salud, energía, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital.
Remuneraciones y digitalización laboral
El capítulo de remuneraciones define una estructura salarial que podrá incluir sumas fijas, variables y beneficios sociales. La reforma obliga a digitalizar recibos de sueldo, planillas, certificados médicos y documentación laboral, dándoles la misma validez que los formatos impresos. Los recibos deberán detallar aportes y contribuciones, y la autoridad podrá sumar requisitos para mejorar la transparencia ante eventuales reclamos.
Enfermedad y control médico
Los certificados médicos digitales adquieren plena validez, y empresas y seguridad social podrán verificar diagnósticos a través de un sistema centralizado. El retorno al trabajo queda condicionado al alta médica definitiva; si la reincorporación es parcial, la remuneración será proporcional a la capacidad laboral recuperada. También se regulan los procedimientos frente a ausencias prolongadas y sanciones.
Casas particulares y trabajo agrario: nuevos períodos de prueba
Para el personal de casas particulares, el período de prueba se extiende a seis meses y toda la documentación deberá ser electrónica. El régimen agrario crea un contrato permanente con período de prueba de ocho meses, durante el cual cualquiera de las partes podrá finalizar el vínculo sin indemnización, con un preaviso de 15 días. Los salarios no podrán ser inferiores al mínimo vital y móvil, y la retribución por rendimiento tendrá un piso acordado que deberá respetarse aun cuando factores externos afecten el cumplimiento.
Fondos de Asistencia Laboral
El proyecto establece Fondos de Asistencia Laboral (FAL) financiados con un aporte patronal del 3% de la remuneración computable. Su función es actuar como respaldo ante despidos en el sector privado y su administración queda regulada con detalle, sin generar obligaciones directas hacia los trabajadores.
Repartidores y plataformas digitales
Se crea un régimen especial para repartidores y mensajerías de plataformas. Deberán registrarse en ARCA, aportar a la seguridad social, contar con cobertura, informar una cuenta bancaria y respetar reglas de tránsito. Tendrán derechos claros: rechazar pedidos, conocer motivos de bloqueos o suspensiones y recibir el 100% de las propinas. El esquema busca formalizar una actividad de rápido crecimiento.
Subcontratación y transferencia de establecimientos
El texto incluye normas específicas para limitar la responsabilidad solidaria en casos de subcontratación cuando el empleador principal verifique la identidad y cumplimiento de obligaciones de la empresa contratada. También se regula la transferencia de establecimientos y los efectos sobre los trabajadores.
Procesos judiciales y prácticas sindicales
La reforma introduce consecuencias para reclamos “exorbitantes” sin justificación —llamados pluspetición inexcusable— y obliga a los juzgados a remitir información sobre empleo no registrado. Define prácticas desleales sindicales, endurece sanciones y limita el crédito horario de los delegados a diez horas mensuales. Las asambleas sindicales en los establecimientos necesitarán autorización previa y no serán remuneradas. Se considera infracción muy grave el bloqueo o toma de establecimientos.
Convenios colectivos y fin de la ultraactividad
Los convenios colectivos ya no serán ultraactivos: al vencerse, solo se mantendrán las condiciones básicas hasta que un nuevo acuerdo los reemplace o exista una prórroga. La autoridad laboral podrá suspender cláusulas ultraactivas si generan distorsiones económicas. También se establece la prelación de convenios, dando prioridad a acuerdos de menor ámbito por sobre los de mayor cobertura.
Incentivos para la formalización
El proyecto crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), con vigencia de un año. Apunta a estimular el empleo registrado mediante reducciones de contribuciones patronales para nuevos trabajadores, bajo condiciones específicas sobre antigüedad laboral previa y modalidades de contratación.
