El máximo tribunal del país confirmó la pena a 3 años y medio de cárcel contra el dirigente por la toma de una comisaría en La Boca. D’Elía cumple prisión domiciliaria por ser paciente de riesgo.
La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso presentado por la defensa de Luis D’Elía y así confirmó la condena que pesa sobre el piquetero K en el marco de la toma de la comisaría de La Boca. Enfrenta una pena de 3 años y 6 meses de prisión y a ocho de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La decisión se conoce días después de que se presentara el proyecto de reforma judicial del kirchnerismo, el cual tiene como uno de sus objetivos ampliar el número de jueces del máximo tribunal. Precisamente los recursos para llegar con reclamos al alto tribunal son uno de los puntos de debate respecto de eventuales futuras modificaciones.
Cabe recordar que D’Elía fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 por haber encabezado un grupo de alrededor de cuarenta personas que tomaron por la fuerza la Comisaría 24, en el barrio de la Boca, en el año 2004. Se lo consideró autor de los delitos de atentado a la autoridad agravado, lesiones leves cometidas en perjuicio de un miembro de las fuerzas de seguridad, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación, en concurso ideal.
Contra ese fallo, sus abogados interpusieron un recurso a partir del cual la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los planteos de la defensa de D’Elía, salvo el que hacía referencia a la prescripción de la acción penal de determinadas imputaciones por las que fuera investigado.
El dirigente social estuvo tras las rejas en el penal de Ezeiza desde febrero de 2019 hasta abril de este año cuando se le otorgó la domiciliaria por ser considerado paciente de riesgo, en el marco de la pandemia de coronavirus. En julio debió ser internado en el Sanatorio Otamendi por haberse contagiado mientras estaba en su casa. Según el fallo que le otorgó el beneficio de quedarse en su casa, tednrá que volver al penal cuando finalice la situación sanitaria.
El arresto domiciliario de D’Elía fue objeto de una controversia porque el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, había pedido que le fuera otorgado ese beneficio al piquetero condenado. E incluso se había interesado llamando para recordar que estaba pendiente de resolución su pedido. Namer consideró el llamado como una suerte de injerencia en su causa y dejó constancia de esa comunicación en el expediente judicial.
