Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, la iniciativa tuvo luz verde en la Cámara Baja.
Con una holgada mayoría, y pese al rechazo oficialista, la oposición logró hoy darle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre del 2026, pudiendo prorrogarse por un año más.
Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, quedó aprobada la iniciativa que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.
En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio. La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones por Discapacidad significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3.627.495 millones.
Esta diferencia entre 1,8 billones de pesos y 3,6 millones de pesos se debe al numero de beneficiarios «por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios» que podrían registrarse con la nueva ley, señaló la Oficina de Presupuesto.
En tanto, la compensación por el desfasaje entre el valor de la prestación y la inflación del 2024 tiene un costo $278.323 millones y el refuerzo para los talleres de producción de 7.160 millones de pesos.
La sanción de declaración de emergencia en discapacidad venía siendo reclamada por diversos sectores en todo el país, que vienen realizando marchas para reclamar a los legisladores que sancionen una ley para actualización los valores de las prestaciones y de las pensiones.
La palabra de los diputados
En su carácter de presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado Daniel Arroyo (UP) señaló que el proyecto de emergencia está “afuera de la grieta y busca acompañar, atender lo que es una crisis profunda que viven las familias y personas con discapacidad”.
Arroyo explicó que la ley tiene tres partes, una de ella busca “resolver el problema del acceso a las prestaciones básicas”, y ejemplificó: “Hoy las familias, las personas con discapacidad están accediendo a muy pocos servicios o casi ninguno. Es recomponer el nomenclador, las prestaciones”.
Al respecto, detalló que “una persona que hoy trabaja en un taller protegido que va a trabajar todos los días 4 horas a una herrería, una carpintería, una persona con discapacidad cobra $28.000 por mes”, y alertó que ese monto no se actualiza desde febrero del 2023.
También brindó otro ejemplo: “Una persona que transporta personas con discapacidad cobra 541 el litro de nafta. Como la nafta sale $1300, en vez de llevarlo los 5 días que corresponde para el tratamiento, con mucha suerte los lleva dos días”.
“Un acompañante terapéutico, estamos hablando de un alumno que está en una escuela común, esa persona mujer en general cobra 180 días cuando cobra $3000 la hora básicamente está buscando trabajo todo el tiempo porque no le alcanza, porque no llega”, y por último habló de la situación de los centros: “Tienen fuertes dificultades. Los hogares los centros de día están todos a punto de cerrar. Todos tienen deuda con la AFIP que los aguanta hasta el 30 de junio”.
En cuanto a la segunda parte, el diputado bonaerense explicó que refiere a las pensiones porque “se ha desacomodado la estructura de funcionamiento de las pensiones por discapacidad”. Así, precisó que el proyecto “busca ir para adelante y mejorar la situación de las personas que tienen o pueden acceder a una pensión por discapacidad”. Por último, la iniciativa “tiene una tercera parte que es salir del maltrato el Estado ha decidido maltratar y experimentar con las personas con discapacidad”.
“Argentina tiene un millón 200,000 personas que tienen pensión por discapacidad. El Gobierno el 16 de enero hizo la resolución 187 yendo 100 años para atrás, literalmente a la década del 40 del siglo pasado”, criticó Arroyo y comentó que “crearon nuevas condiciones para que una persona acceda a una pensión por invalidez y, a partir de ahí, una normativa fuera de toda regla internacional, fuera de la Convención de Derechos de las personas con discapacidad”.
Arroyo cuestionó la manera de auditar que llevó a cabo el Gobierno porque “desacomodó la vida cotidiana de muchos. Mandó 30.,000 cartas documentos, los hace hacer 200 km a las personas, 10 horas de cola. Todos buscando mostrarle un papelito a la Agencia Nacional de Discapacidad para mostrar lo evidente es que tiene una discapacidad. Les piden volver a hacer todos los estudios. Desacomodó la vida, no hizo una auditoría correcta. No fue a ver dónde estaban los problemas, sino que decidió desacomodar la vida de la familia, generar angustia”.
“Hoy está en un limbo la situación de las pensiones. El médico no sabe qué evaluar, la persona no sabe qué papeles presentar”, alertó y precisó que la ley apunta básicamente a reconstruir el sistema.
La tercera parte de la iniciativa, es contra el maltrato luego de que “las familias con personas con discapacidad fueron maltratos”, y enumeró: “El vocero presidencial mostró una radiografía con un perrito y una colita contándonos que la persona accedió a una pensión por discapacidad con eso, lo cual no es cierto. Esa persona nunca accedió una pensión por discapacidad”.
“Luego el Gobierno en enero de este año hizo una resolución en la que denominó a una persona con discapacidad como ‘idiota’, ‘imbécil’, ‘débil mental’ y, en los últimos días, ha decidido lastimar, a través, de las redes sociales a gran parte de las personas con discapacidad. Lo que dice esta ley es entiéndase que lo que hay que hacer es acompañar, cuidar, no maltratar a las personas con discapacidad porque estamos hablando del dolor una familia que tiene una persona con discapacidad”, explicó y cerró: “Lo que plantea es que hay una regla que es el respeto, no se puede maltratar, no se puede lastimar a las personas con discapacidad”.
Arroyo resumió: “Esta ley reordena el nomenclador y hace que funcione el sistema de discapacidad, reordena las pensiones y termina con el experimento de ir y venir sin saber qué hacer fuera de toda regla internacional, y que busca el respeto va a plantear”.
“Cando un Gobierno designa funcionarios para el área de discapacidad, tiene que tener en cuenta que esos funcionarios tienen que tener humanidad. Es una regla que queremos establecer para la democracia argentina próximos 10 gobiernos”, sostuvo y remarcó que el sistema de discapacidad en la Argentina se rige con una ley de 1981 que “no solo es una ley de la dictadura militar, sino que tiene 44 años. Hace falta rearmar ese sistema. Esta ley no está modificando lo estructural, ni la cuestión educativa, ni la cuestión laboral, ni el funcionamiento del sistema en general, nos hemos concentrado en la emergencia porque hay una catástrofe y la familia Lo pasan muy mal”, concluyó.
El diputado del Pro Martín Maquieyra habló por el dictamen en minoría, advirtiendo por la “situación crítica” de las instituciones que prestan servicios a las personas con discapacidad. Habló de una situación compleja “de años” y en ese sentido dijo que “sorprenden algunos discursos que ahora se preocupan por la discapacidad, pero nada hicieron durante estos años”.
Remarcó el impacto de la inflación en el nomenclador, enumerando los índices de actualización, atribuyéndole al kirchnerismo el “descalabro” que existe en torno a la discapacidad. “Coincidimos en la situación crítica que está el sistema”, señaló, admitiendo que el Gobierno está haciendo cosas, “y puede hacer mucho más”, al tiempo que insistió en cuestionar la declaración de la emergencia, “pese a que sí es una situación crítica que se tiene que resolver”.
Por eso reivindicó el dictamen propio, que contempla el vocabulario, que debe ser adecuado, acorde a la convención internacional de las personas con discapacidad. También se manifestó de acuerdo en la actualización del nomenclador, pero pidió “celeridad en los pagos”. También dijo que “hemos planteado la reglamentación de la Ley de Empleo Protegido”, y por último planteó que la dignidad de cualquier persona no pasa por los subsidios, sino conseguir trabajo, por lo que apeló a un programa que ya existe, pero que no cuenta con demasiada adhesión. El mismo consiste en asistencia a los empleadores, con beneficios que su propuesta prevé triplicar.
En defensa de otro de los dictámenes de minoría, la santafesina Melina Giorgi (Democracia para Siempre) rechazó un “ajuste” en un sector tan débil como el de la discapacidad. “Esto no puede reducirse a un debate puramente fiscal, tiene que ser un debate donde prime la sensibilidad, la corazonada y pensar con el corazón en aquellos que más están sufriendo esta situación”, dijo.
La diputada del bloque DpS Carla Carrizo lamentó estar “con tantas emergencias. Este es un tema que nos atraviesa a todos”. Pese a acompañar, planteó: “No queremos una emergencia larga, queremos resolver la urgencia, contener, cuidar, proteger, porque son cosas que no pueden esperar y no se pueden justificar desde el desequilibrio fiscal”, y ratificó una emergencia acotada en el tiempo porque “el Congreso no puede volver a delegar por tres años la política en discapacidad porque el Estado no lo hizo bien en estos años”. Esa sugerencia fue aceptada en la votación en particular resolviéndose que la emergencia quedara hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, pudiendo prorrogarse por un año más.
Carrizo señaló que la ley es antigua, pero la ley nueva “no está explicada en toda la política social. Tenemos una ley que no se usa”. Así, precisó que “el Estado no cuida con calidad y profesionalismo. Está todo mal, las leyes no están actualizadas. No tenemos que vivir de emergencias tenemos que tomarnos en serio cómo controlar el Estado”.
Miembro de la Comisión de Discapacidad, la oficialista Lilia Lemoine expresó su preocupación por “la utilización mediática y el abuso de menores de edad, que comunicadores y políticos estén abusando de los chicos”. Aclaró que no se refería a que fueran a saludar “a Cristina, a Milei o a Macri, sino que después los padres los lleven a manifestaciones o programas, que los sometan a situaciones de altísimo riesgo”.
La blonda legisladora dijo que está en la Comisión de Discapacidad porque es hija de una persona que tuvo tres discapacidades. Y desde esa experiencia considera que “lo más importante es romper las barreras duras que impiden la integración”.
Lemoine afirmó que “todo el país está en emergencia”, y aclaró que “no voy a apoyar una declaración de emergencia que está hecha a la medida de Milei, porque empieza el 10 de diciembre de 2023 y termina en el 2027, porque quieren cargarle a este Gobierno el desastre que ocasionaron previamente”.
Luego dio datos contra el kirchnerismo, al señalar que en 2003 había asignadas solo 77 mil pensiones por discapacidad; en 2015 eran 1.055.000. “Y durante el Gobierno de Alberto Fernández se agregan 390 mil personas a cobrar”, señaló planteando además que en Formosa un 7% de la población cobra una pensión por discapacidad. “Ha habido un fraude enorme de 3.400 millones de dólares solamente en 2023 en el Gobierno kirchnerista”, remarcó.
Por el contrario, Lemoine aseguró que “este Gobierno es resolutivo, a pesar de lo que ustedes digan. Las soluciones que se encuentran son prácticas. No queremos quedar bien, no entramos en política para eso, sino para hacer lo que hay que hacer; para que los recursos se distribuyan bien y no se malgasten”.
Luego sumó la situación con los residentes del Garrahan y destacó que de ganar 800 mil pesos pasaron a ganar 1.300.000, cosa que atribuyó a que “se reasignan recursos que estaban mal asignados para hacerle favores a la política. “Si los diputados ganáramos lo que gana un residente el Garrahan, este recinto se quedaría la mitad vacío. Y los primeros en salir de esa puerta son los que tienen ese cartelito”, señaló en referencia a los diputados de UP que tenían en sus bancas carteles referenciando la situación en el Hospital Garrahan.
A continuación habló, también desde el oficialismo, la diputada María Emilia Orozco, que arrancó quejándose de que se esté “politizando” un tema tan sensible. “Quienes están proponiendo esta ley hicieron siempre de la discapacidad un negocio”, dijo en referencia al kirchnerismo, al que dirigió todo su discurso. “No tendríamos que hablar de esto si no hubieran usado las pensiones para hacer política. Hoy las personas que realmente tienen discapacidad, no los curros que han armado haciendo negociados, podrían estar cobrando como se merecen”, afirmó.
Orozco aseguró que “el desfasaje de los nomencladores viene desde su gobierno”, y contra el dictamen de UP dijo que “han hecho un menjunje que lejos de beneficiarlos los perjudica más. Si aprobamos esto, vamos a estar dando pensiones a prófugos, presos, muertos, personas que declaran discapacidad por tener pie plano, ansiedad, gente con bipolaridad…”. Por eso consideró que “el sistema está desfasado”, y denunció que “hay un diputado del bloque kirchnerista que claramente sigue haciendo negocios con la discapacidad. Me pregunto de dónde va a salir la plata, porque nunca dijeron”.
A su turno, la diputada Mónica Fein dijo que “venimos a ponerle un límite a un gobierno que cree que las leyes no son límites, que cre que la Constitución no es un límite, que las convenciones internacionales no es un límite, que la crueldad o la falta de humanidad con los más débiles no es un límite”. “Las personas con discapacidad nos enseñaron a entender la problemática”, aseguró, señalando que a través de eso surgieron las mejores leyes de la Cámara. “Fundamentalmente por las personas con discapacidad, por sus familias, por la lucha que llevaron adelante”, dijo, advirtiendo que en nombre del equilibrio fiscal “atropellamos todas esas construcciones colectivas, humanas, sociales”.
Se quejó de que en esa cámara donde el año pasado discutieron una ley para un trato humanizado para las personas con Síndrome de Down, “y tenemos un presidente que utiliza el Síndrome de Down para burlarse de alguien. ¿Qué pasó en una sociedad donde un presidente puede burlarse de un niño autista? Así se construyeron las mejores leyes, escuchando”.
Y sobre el final advirtió que “este Gobierno quiere cambiar un rumbo cultural, que no generemos derechos de igualdad a las personas que tienen más vulnerados sus posibilidades de construir una vida integral en esta sociedad”.
Sobre el final, el diputado Eduardo Valdés salió al cruce de lo que definió como “una difamación, una calumnia que ha hecho el titular de la ANDIS hacia mi persona, diciendo que integro la Fundación Infancias, que sería prestadora de organismos del Estado como el PAMI”. Y aclaró que esa entidad “nunca fue prestadora del Estado nacional”, agregando que él la integró hasta 2013, cuando se fue como embajador al Vaticano. “Pero ni antes, ni durante, ni hoy, ha sido prestadora del Estado. Sus funciones han sido otras. Nunca ha sido prestadora del Estado nacional, ni de los privados. No tiene como objeto ser prestador, sino mostrar los logros de las personas con discapacidad”, aclaró.
“Si bien me fui en 2013, lo que nunca dejé es mi compromiso con el colectivo de personas con discapacidad, que cada vez es más profundo”, afirmó luego, admitiendo que “con el Gobierno anterior estábamos mal, pero ahora estamos peor”. Y dio datos al respecto: “¿Saben cuánto le pagan a una persona con discapacidad en un taller protegido? 28 mil pesos. ¿Alguien puede vivir con eso? Los hogares de día están cerrando porque se les paga, por desayuno, más almuerzo y merienda, 3.000 pesos. Acá mismo en la Cámara de Diputados el almuerzo costaba 11 mil pesos. Los transportistas están dejando la actividad porque el Estado les paga 500 pesos por kilómetro”. Y cerró diciendo que “no venimos a echar culpas, venimos a querer resolverlo”.
Por su parte, el diputado Pablo Yedlin sostuvo que el sistema de seguridad social merece una discusión de fondo. “hay que revisar esto. Pero le pido al Gobierno que trabajemos en conjunto para encontrarle una solución a un sistema de salud que necesita integrarse”.
Respecto de la aseveración que se hace respecto de que Argentina tiene demasiados discapacitados, el titular de la Comisión de Salud sostuvo que esa afirmación “no resiste el menor conteo comparado con cualquier país de la OCDE”. Y explicó: en 2010, los discapacitados eran menos del 4% de la población, mientras que en la OCDE los discapacitados severos son más del 7,5%. “A mí no me parece mal la auditoría, pero tenemos un Gobierno que nos ha llevado a auditar todo y no sabemos el resultado de ninguna auditoría”.
