Es la segunda ex presidenta de la historia que va a prisión en democracia. El máximo tribunal rechazó las apelaciones y dejó firme el fallo que la condenó a seis años de prisión por los negociados con Lázaro Báez y la i
En un fallo de fuerte peso institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, que la halló culpable del delito de defraudación al Estado en la adjudicación de obras públicas. La decisión, que confirma lo resuelto en noviembre por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, impone a la ex presidenta una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además del decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.
Este veredicto ubica a Cristina Kirchner como la segunda ex mandataria condenada en democracia, junto con Carlos Menem. Ahora, será el Tribunal Oral Federal N° 2 quien deberá determinar cómo y cuándo deberá cumplir la pena, aunque todo indica que se le concedería arresto domiciliario debido a su edad. El fallo también la excluye de toda posibilidad de competir electoralmente, truncando su intención de postularse a una banca legislativa.
La Corte, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó todos los recursos de la defensa, del fiscal Mario Villar, y de los otros ocho condenados. Lo hizo mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil, pero acompañando fundamentos que explican la magnitud institucional de la causa. La sentencia sostiene que Cristina Kirchner fue coautora del delito de administración fraudulenta agravada.
Los jueces de la Corte destacaron que las sentencias previas se basaron en abundante prueba, evaluada según la sana crítica y sin vulneraciones al debido proceso. Reafirmaron que la condena se construyó conforme al Código Penal vigente, y que “el proceso fue legítimo, respetó las garantías constitucionales, y la sentencia es razonada y legal”.
Uno de los aspectos más contundentes del fallo fue la descripción de los lazos comerciales entre la familia Kirchner y Lázaro Báez, quien fue favorecido de forma sistemática en licitaciones públicas. Los contratos vinculados a hoteles y negocios inmobiliarios no fueron refutados por la defensa, que solo argumentó que fueron “actos lícitos celebrados a precios de mercado”. Para la Corte, esto no alcanza para desvirtuar la maniobra.
También se subrayó que Cristina Kirchner conocía el daño al Estado que generaban sus decisiones y que actuó con “ánimo de lucro”. Según la Corte, “relegó los intereses públicos para beneficiar intereses privados”. Los jueces rechazaron el intento de desviar responsabilidades hacia otros funcionarios como el jefe de Gabinete, sosteniendo que la ex presidenta tuvo intervención directa y poder de decisión.
El tribunal además criticó con dureza la presentación de la defensa, señalando que fue una repetición de argumentos ya desestimados. Apuntaron que el recurso extraordinario careció de una fundamentación autónoma y razonada, y que no logró rebatir los fundamentos centrales de la condena. Incluso desestimaron denuncias de parcialidad por carecer de hechos concretos que las sustenten.
La condena original del Tribunal Oral Federal N° 2, dictada en 2022, fue confirmada por la Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Esa sentencia también ratificó penas para Lázaro Báez, José López, y varios exfuncionarios como Nelson Periotti y Juan Carlos Villafañe, todos con inhabilitación perpetua para cargos públicos.
Por mayoría, Casación descartó la figura de asociación ilícita que pretendía la fiscalía, aunque el juez Hornos votó en disidencia. La Corte también dejó firmes las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, así como el sobreseimiento de Carlos Kirchner por prescripción.
La causa Vialidad investigó 51 licitaciones para obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, con participación clave de Austral Construcciones, empresa de Lázaro Báez. La Justicia concluyó que se trató de una estructura sistemática de desvío de fondos públicos que dañó al Estado nacional, articulada desde el más alto nivel de gobierno.
