La embajada del país europeo dejó en claro que no interviene en la regulación de las tarifas, como lo había dicho el presidente argentino al justificar el decreto de las telecomunicaciones.
Alberto volvió a pifiarle al querer ejemplificar las medidas que impulsa en Argentina con los países del primer mundo. Ya había pasado con Suecia, País Vasco, España, Chile y Brasil, cuyos roces estuvieron ligados a comparaciones por la efectividad de la política sanitaria.
Ahora fue Finlandia. En las últimas horas se agregó a la lista de países que salieron a responder en público afirmaciones del presidente. La embajada del país europeo en la Argentina publicó un comunicado en el que aclara cómo funciona el servicio de comunicaciones en su territorio, luego de que el mandatario dijera que allí la telefonía, internet y la televisión paga son “servicios públicos”.
Fernández nombró a ese país al defender su decisión de declarar por DNU que esos servicios son “públicos” y “esenciales”, medida que además congeló las tarifas hasta fin de año y estableció la regulación estatal de los precios. “Algunos piensan que esta medida es por una pelea. Yo estoy defendiendo los intereses de los argentinos. En Noruega y Finlandia, estos son servicios públicos”, había asegurado.
Sin mencionarlo a Alberto en el texto, la sede diplomática dejó explícito que el Estado garantiza el acceso a los servicios esenciales, pero que se propicia un esquema de “competencia abierta” entre los actores. Es decir, sin intervención del Estado en las tarifas.
“El mercado finlandés en general se basa en la competencia abierta entre sus actores, lo que propicia un clima de mayor elección y precios competitivos para los consumidores. El objetivo del Gobierno es crear un entorno de mercado que brinde nuevas oportunidades de negocios, promueva las exportaciones y aumente la línea de servicios”, afirma la embajada.
En Finlandia, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el encargado de garantizar que toda la población cuente con el acceso a redes de comunicación “fiables y seguras y de capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de bienestar y crecimiento de la sociedad”. “Los servicios básicos incluyen los de telefonía, banda ancha y correos, así como las operaciones de televisión y radio de la empresa estatal de comunicaciones, Yle. (…) La buena calidad de los servicios básicos está estipulada por legislación”, señala el escrito.
