La vicepresidenta le encomendó al secretario de Justicia que niegue los pedidos de acceso a los datos que toda la población tiene derecho a conocer.
En contra de las pautas que establecen las organizaciones de Transparencia y Derechos Humanos en todo el mundo, la vicepresidenta Cristina Kirchner decidió deshabilitar el Acceso a la Información Pública, una herramienta con la cual los ciudadanos pueden acceder a los documentos estatales para conocer cómo trabaja el Gobierno nacional.
Lo cierto es que desde que volvió el kirchnerismo, la ex mandataria busca imponer autoridad en el sistema judicial y ahora vuelve a demostrarlo al intentar mantener bajo control los pedidos de acceso a estos datos que podrían comprometerla. Con ese objetivo, nombró a dos funcionarios para blindar esta información.
Ellos son el secretario de Justicia, Juan Martin Mena, ex subjefe del espionaje nacional, y por el titular del organismo encargado de regular las sociedades comerciales, la Inspección General de Justicia (IGJ), el abogado Ricardo Nissen. Este último asesoró en cuestiones legales a la familia Kirchner, sobre todo, en las causas judiciales vinculadas a empresas a las que ahora él tutela desde el Estado.
Con información de Nicolás Wiñazki en Clarín
