Con los votos necesarios, el oficialismo tiene todo listo para que la norma se apruebe y gire a la Cámara Baja. Se espera una fuerte protesta en las afueras del Congreso.
Llegó el día para el kirchnerismo, este jueves se pone en marcha el plan que trajo Cristina Kirchner para allanarse su camino en todas las causas que la comprometen, al igual que sus ex funcionarios salpicados por la corrupción de sus gobiernos.
En medio de intensas protestas que comenzaron anoche en las inmediaciones del Palacio Legislativo, el proyecto de reforma judicial comienza a ser tratado en el Senado y el oficialismo confía en aprobarlo y girarlo a la Cámara de Diputados, instancia donde la iniciativa se frenaría por la negativa de varios sectores de la oposición.
La sesión empezará a las 14 con un temario corto en el que se destaca el proyecto que abrió una nueva polémica entre el Frente de Todos y la coalición opositora Juntos por el Cambio, en medio de la pandemia de coronavirus y la cuarentena.
El jefe del bloque, José Mayans, afirmó este miércoles que “el proyecto es muy bueno” y ratificó que apunta a agilizar el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, donde las investigaciones recaen en los fiscales y ya no en los jueces. Además, los senadores del oficialismo argumentan que la iniciativa permitirá una “mayor transparencia” en el Poder Judicial, con críticas al manejo de las causas que se llevó durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, a quien le adjudican la creación de una “mesa judicial”.
En tanto, el interbloque opositor de Juntos por el Cambio se prepara para dar la discusión en la sesión remota ante un proyecto que, según consideran, busca “impunidad” para ex funcionarios del kirchnerismo y “no es prioritario en medio de la pandemia”.
La coalición opositora pidió en reiteradas oportunidades que el debate sobre este proyecto fuera postergado y sumó el acompañamiento a ese pedido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
El punto central de la iniciativa es la unificación de los 12 juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y los 11 juzgados nacionales en lo Penal Económico en un fuero que se llamaría Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la unificación se vería ampliada de 12 a 23 la cantidad de jueces con competencia en las causas sobre delitos federales como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro extorsivo, lavado de activos y lesa humanidad, entre otros.
