El Gobierno considera que no fue una medida efectiva porque solo 1.500 personas no binarias de 9.293 lo solicitaron.
El presidente Javier Milei anunció su intención de eliminar los DNI no binarios a través de un decreto. Esta medida afecta a los documentos que utilizan las personas que no se identifican como hombres ni mujeres. Desde el Gobierno justifican esta decisión argumentando que mantener esta política, implementada en la gestión de Alberto Fernández, genera un gasto innecesario y desproporcionado considerando los datos actuales.
En Argentina, se estima que hay 8.293 personas que se reconocen como no binarias, de las cuales solo unas 1.500 han solicitado el cambio en su DNI. Esto equivale a un 18% del total, y en el espacio de La Libertad Avanza consideran que el impacto de esta política es limitado. Por esta razón, se busca derogar la norma y destinar los recursos a otras áreas que consideran más prioritarias.
Este anuncio se produjo poco después de otra medida controversial: la prohibición de transferir presos a cárceles diferentes por solicitud de cambio de género, como ocurrió en el caso del líder de la banda Los Monos. Al respecto, Milei declaró: “Es inadmisible que bajo la ley de igualdad de género se permita a delincuentes manipular el sistema. Esto no se permitirá más”.
La propuesta también se suma a otras acciones del Gobierno de Milei, como la prohibición del lenguaje inclusivo y el recorte de programas de salud reproductiva. Estas decisiones han generado el rechazo de colectivos LGBTQ+, quienes advierten que estas medidas eliminan derechos que han sido conquistados tras años de lucha. Aunque el decreto para derogar los DNI no binarios aún no se ha publicado, se espera que entre en vigencia antes de finalizar el año.
El origen del DNI no binario
El DNI no binario fue implementado en 2021 mediante el Decreto N°476/21, firmado por Alberto Fernández, como parte de la Ley de Identidad de Género 26.743 sancionada en 2012. Esta normativa permite reconocer legalmente a las personas que no se identifican con los géneros masculino o femenino. Inicialmente, su impacto fue limitado debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19, pero con el tiempo y la digitalización de los trámites, más personas comenzaron a utilizar este derecho.
El decreto original argumentaba que reconocer identidades por fuera del binarismo de género era un avance significativo para la sociedad, eliminando la obligación de encajar en las categorías de “hombre” o “mujer”. Según este documento, la medida interpretaba de manera amplia los derechos garantizados por la Ley de Identidad de Género, adaptando el sistema de registro e identificación del país a una visión más inclusiva.
Finalmente, el decreto subrayaba que la identidad de género es una vivencia interna y personal que no está condicionada por las características biológicas ni por las categorías tradicionales de género. La posible derogación de esta política representa un retroceso significativo para los sectores que luchan por la igualdad y el reconocimiento de la diversidad en Argentina.
