El organismo que reemplazó a la AFIP aceleró la pesquisa sobre Pablo Otero, el polémico dueño de Tabacalera Sarandí, que evitó el pago de millonarias sumas en impuestos en base a medidas cautelares.
La nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la ex AFIP, ha intensificado una investigación clave a través de la Dirección General Impositiva (DGI), liderada por Andrés Vázquez. El caso en cuestión involucra a Tabacalera Sarandí y a su propietario, Pablo Otero, por evasión fiscal, un proceso que actualmente sigue bajo evaluación judicial. Según fuentes oficiales, el monto de la deuda asciende a $200.000 millones, equivalente a unos USD 1.300 millones al tipo de cambio promedio de los años implicados. Este caso refleja una deuda que sigue creciendo diariamente mientras se desarrollan amparos legales.
La gestión de Vázquez, iniciada en octubre de 2024, trajo cambios significativos dentro del organismo. Cuatro altos funcionarios fueron removidos de sus puestos, y dos nuevos directivos con amplia experiencia en fiscalización asumieron roles clave. Marcelo Lafont fue designado como Subdirector General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales, y Claudio Castagnola tomó el cargo de director de Control. Estos movimientos refuerzan la estrategia para supervisar de cerca las operaciones de la tabacalera, considerada el desafío más grande para la DGI.
En ARCA creen que estos cambios han puesto presión sobre Otero, quien recientemente ofreció una extensa entrevista, un hecho inusual para él. Las autoridades aseguran que su estrategia apunta a reforzar los controles tanto en las plantas tabacaleras como en los canales de venta. Esto incluye auditorías físicas y la fiscalización de las estampillas fiscales, ahora con criterios más estrictos y un componente digital que busca evitar manipulaciones.
El caso de Tabacalera Sarandí tiene implicaciones profundas, ya que la empresa comercializa 40 millones de atados de cigarrillos al mes y ha incrementado su participación de mercado del 5% al 40% en la última década. La controversia se centra en el pago de impuestos internos, un gravamen que pasó del 70% al 73% en 2024. La compañía, sin embargo, ha resistido judicialmente el cumplimiento de este tributo, obteniendo una ventaja competitiva frente a otras empresas del sector.
A pesar de estos desafíos, la investigación continúa mientras la Corte Suprema evalúa la constitucionalidad del impuesto cuestionado. Desde la DGI, se sostiene que la evasión fiscal permitió a Tabacalera Sarandí ofrecer precios más bajos, afectando la equidad en el mercado. Paralelamente, la empresa declaró USD 60 millones en un esquema de blanqueo propuesto por el ministro de Economía, Luis Caputo, lo que podría cubrir parte de la deuda acumulada hasta 2023.
El titular de la DGI, con más de tres décadas de trayectoria y formación internacional, ha puesto su atención en casos emblemáticos como este, que busca corregir las irregularidades del pasado. La investigación sobre Tabacalera Sarandí es un ejemplo del endurecimiento de los controles impositivos y el compromiso de la nueva gestión de recaudar y fiscalizar en un contexto marcado por dudas sobre el cumplimiento tributario en sectores clave de la economía.
