“Funcionarios participaron en prácticas corruptas con impunidad”, evaluó el Departamento de Estado en un lapidario informe contra la Argentina y su sistema judicial, al que calificó de “ineficaz y politizado”.
En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el gobierno de Joe Biden criticó la “falta de implementación efectiva” de las leyes para prevenir y sancionar hechos de corrupción en la Argentina. El trabajo además dice que “instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar” este problema.
El informe anual que elabora el Departamento de Estado da cuenta de las situaciones registradas en el año 2020, y fue publicado este martes. “La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios”, no obstante, “múltiples informes alegaron que los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de implementación efectiva de la ley”.
El informe habla de las “numerosas investigaciones relacionadas a la corrupción contra actuales y ex figuras política de alto rango, incluyendo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el ex presidente Mauricio Macri”. Y habla del caso de los llamados cuadernos de las coimas, en que la ex presidenta y otras 52 personas “fueron acusadas de recibir sobornos, pago de sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2003 y 2015”.
El Departamento de Estado, hoy a manos de Antony Blinken destacó que los fiscales argentinos estimaron un “esquema de sobornos en 160 millones” y que la ex presidenta y sus hijos Máximo y Florencia enfrentaron otros cinco casos de corrupción financiera a partir de noviembre.
“Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”, describe el trabajo del Departamento de Estado. “La corrupción ocurre en algunas fuerzas de seguridad” y la “forma más frecuente de abusos incluyen extorsión y protección es involucrados en narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y promoción de la prostitución”.
Hay “acusaciones de corrupción en juzgados provinciales y federales también son frecuentes”, apuntó el documento, que también da cuentas de la investigación que se lleva adelante por espionaje ilegal durante la gestión de Macri y que involucra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y su segunda Silvia Majdalani.
El informe sobre el estado de los derechos humanos en 2019 también había sido crítico sobre el funcionamiento judicial en la Argentina. La sobrepoblación carcelaria ha sido un problema constante reflejado por el análisis.
“Las condiciones carcelarias a menudo eran duras debido al hacinamiento, la mala atención médica y condiciones insalubres. Hubo reportes de traslados forzosos y el uso recurrente de aislamiento como método de castigo, particularmente en la provincia de Buenos Aires”, indicó.
Información de Clarín
