La acusación se debe a la reciente intervención del Gobierno en la empresa Vicentin. “El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada”, afirman.
En medio de la escandalosa intervención -y eventual estatización del Gobierno nacional en la cerealera emblema del agro argentino, Grupo Vicentin, un grupo de de diputados de Juntos por el Cambio presentó este martes una denuncia penal contra Alberto Fernández por “abuso de autoridad”.
“El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”, argumentaron los legisladores Waldo Wolff, Federico Angelini, Pablo Torello, Gisella Scaglia, Álvaro de Lamadrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli.
Tras el anuncio de Alberto Fernández anoche, los bloques de Juntos por el Cambio del Senado y de Diputados difundieron un comunicado oficial en el que sentaron posición respecto al avance del Estado sobre la agroexportadora y del envío de un proyecto de ley de expropiación de la misma. “Es ilegal, peligrosa e inconstitucional”, advirtieron en el texto.
Según la presentación judicial, el decreto 522 publicado hoy en el Boletín Oficial viola los artículos “17, 18, 29, 75 inciso 12, 75 inciso 76, 109 y concordantes de la Constitución Nacional”. “La norma que pretende otorgarle tales facultades está vedada por el texto constitucional, que prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de personas o gobierno alguno. Las normas de esa naturaleza son insanablemente nulas y quienes las emitan serán considerados infames traidores a la patria. En consecuencia, si el Congreso no puede otorgar esas facultades, obviamente no puede atribuírselas el Poder Ejecutivo por un Decreto de Necesidad y Urgencia”, resaltaron los diputados.
