Boudou pide mantener el arresto domiciliario

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El ex vicepresidente debe afrontar una sentencia de cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone, confirmada por la Corte Suprema.


Amado Boudou mantiene su estrategia para esquivar la cárcel. Una vez más el ex vicepresidente insistió en la Justicia para prolongar el arresto domiciliario que goza desde principios del año pasado, luego de que quedara firme la condena de cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone Calcográfica por parte de la Corte Suprema.

Los abogados del exfuncionario apelaron la decisión que dispuso en diciembre el juez Daniel Obligado por pedido de los fiscales para que volviera a prisión y así seguir con el cumplimiento de la sentencia. Dicho magistrado fue reemplazado por Ricardo Basílico como juez subrogante de ejecución penal, al que la defensa le presentó el pedido para que eleve a la Cámara de Casación. Será este tribunal el que defina la situación respecto a la prisión domiciliaria del extitular de la Anses.

Para la defensa del ex ministro de Economía, “el tribunal omitió ponderar lo dictaminado por la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años, quien además mantuvo los argumentos en esta instancia y peticionó expresamente que se conceda la detención domiciliaria, en función del interés superior de los hijos menores”. En su argumentación, recordaron informes de defensores de menores respecto a que el mantenimiento de la domiciliaria sería beneficioso para que los hijos del exfuncionario cuenten “con la presencia diaria de su progenitor y recibir el acompañamiento, cuidado, atención y contención emocional necesaria para su adecuado desarrollo y crecimiento”.

Vale recordar que durante la feria de enero el juez Obligado le concedió a Boudou una reducción de diez meses en el cumplimiento de la condena por estímulo educativo. Es que realizó distintos cursos mientras estuvo detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, entre ellos programación de base de datos, montador electricista, electricista instalador y práctico en organización de eventos.

Fue condenado en agosto de 2018 por el Tribunal Oral Federal 4 a la pena de 5 años y 10 meses de prisión, por la causa Ciccone. Los jueces lo encontraron “autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”.