La Justicia sostiene que el Polo Obrero giró sumas millonarias para campañas digitales, aportes, y hasta impresión de boletas.
La Justicia cuenta con suficientes elementos para probar en juicio oral que parte de los fondos que el Estado destinó al Polo Obrero en los últimos cuatro años fueron desviados hacia actividades políticas. Así lo expuso el fiscal Gerardo Pollicita en un dictamen de más de 200 páginas, donde detalló varias maniobras sospechosas. Uno de los puntos clave de la investigación apunta a la imprenta “Ediciones e Impresiones Rumbos”, que emitió 179 facturas por un total de más de 31 millones de pesos.
Roberto Albornoz, gerente de “Rumbos”, aparece registrado como aportante en al menos dos campañas del Partido Obrero. De acuerdo con información de la Cámara Electoral, en diciembre de 2020 realizó un aporte de $480.000, y al año siguiente sumó otro de $1.100.000, cifra equivalente a unos 10 mil dólares en ese momento. Esta imprenta ha sido señalada como el mayor proveedor de facturas utilizadas para desviar fondos del Plan Trabajar, con documentos por servicios prestados a la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.
La investigación también reveló que “Rumbos” tuvo un rol central en campañas electorales del Partido Obrero. Según el informe de Pollicita, la imprenta fue contratada por el partido para tareas de impresión de boletas y publicidad electoral, con un gasto total de $18.936.455. Sin embargo, los allanamientos en la sede declarada de la empresa generaron dudas adicionales: en uno de los domicilios allanados funcionaba una vivienda particular y en el otro se encontraba la sede del Partido Obrero, lo que refuerza la sospecha de que la imprenta solo servía como pantalla.
Además de “Rumbos”, la causa involucra a otras empresas y personas vinculadas a maniobras similares. Entre ellas, Urban Graphics SA, Ricoprint SRL y Carlos Monfrini, este último inscripto ante la AFIP como productor de espectáculos. Según la Justicia, estas firmas emitieron facturas apócrifas para simular la entrega de bienes y servicios, permitiendo desviar los fondos con un destino diferente al previsto contractualmente. También se identificó a la imprenta Coxtex SA, que figuraba como proveedora pese a haber sido denunciada por la AFIP en 2022 como una firma irregular.
El fiscal Pollicita solicitó que el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas sean enviadas a juicio oral por extorsión a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y defraudación al Estado. Según la acusación, parte del dinero obtenido se utilizó tanto para gastos personales de los involucrados como para el financiamiento de campañas políticas, incluyendo publicidad digital y material electoral. Una de las empresas involucradas, Makosen SRL, recibió casi 30 millones de pesos entre 2020 y 2024 mediante transferencias bancarias de “Rumbos”.
Otro de los nombres señalados en la investigación es el de González Roisler, exasesor del Frente de Izquierda en la Cámara de Diputados y recurrente aportante del Partido Obrero. Su historial de donaciones, registrado en la Cámara Electoral, muestra contribuciones en varias provincias y diferentes elecciones. En 2021, por ejemplo, realizó transferencias por montos que fueron desde los $5000 hasta los $75.000. La Justicia sigue rastreando estos movimientos financieros para determinar el alcance del presunto esquema de financiamiento irregular.
