La Argentina es uno de los miembros fundadores. El presidente Javier Milei acompañó a su par de EEUU en la presentación de un organismo que intentará cambiar las reglas del juego internacional.
El Consejo de Paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debutó esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos como una nueva apuesta para intervenir en conflictos internacionales.
La iniciativa busca reunir a un grupo reducido de países con capacidad de influencia global, por fuera de los mecanismos tradicionales, y está presidida de manera indefinida por el propio mandatario estadounidense.
La idea original del Consejo estaba centrada en supervisar el alto el fuego y la reconstrucción de Gaza, pero con el correr de los meses se amplió hacia un esquema más ambicioso.
El plan contempla tareas de desmilitarización, gobernanza transitoria y control político, con un rol activo de Estados Unidos y aliados estratégicos, lo que generó dudas y resistencias entre varios países.
En ese marco, el presidente argentino Javier Milei firmó en Davos la integración de la Argentina al Consejo de Paz, convirtiéndose en uno de los primeros líderes en respaldar formalmente la iniciativa. Su participación refuerza el alineamiento político con Trump, a quien Milei define como su principal referente internacional, y marca una toma de posición clara en la agenda global.
Según funcionarios estadounidenses, unos 35 países ya aceptaron sumarse al proyecto, de un total de 60 invitados. Entre los participantes figuran líderes y diplomáticos de Arabia Saudita, Israel, Paraguay, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Indonesia y Argentina, mientras que otros países continúan evaluando su adhesión. Trump defendió la amplitud de la convocatoria y aseguró que busca reunir a “todos los que tienen poder real”.
Sin embargo, la iniciativa también despertó rechazos y cuestionamientos. Países como Francia y Noruega decidieron no participar, mientras que China, Ucrania e Italia expresaron reservas.
Además, generó polémica la cláusula que prevé que, tras tres años, los países deban pagar US$1.000 millones para obtener un asiento permanente, y las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de que el Consejo reemplace funciones de la ONU, una idea que profundizó el debate internacional.
