“La Constitución no debe ser puesta en cuarentena, sino que es la vacuna contra los excesos y atropellos institucionales”, se descargó el diputado radical contra el cierre de las escuelas.
Un millón de chicos se desvincularon de la escuela en 2020, en un país donde 6 de cada 10 niños son pobres. En los barrios populares, 1 de cada 4 chicos abandonó sus estudios y el Gobierno de científicos aún no sabe si volverán a la escuela. En el 2021 el Presidente, que no aprendió ninguna de las lecciones del año pasado, decidió -sin base científica- dejar a miles de chicos sin ir al colegio, rompiendo unilateralmente y por presión sindical uno de los consensos políticos y científicos más amplios en el medio de la pandemia: “Las escuelas debían ser lo primero en abrir y lo último en cerrar”. El “golpe contra las instituciones” no es como lo imagina la Vicepresidenta, el verdadero golpe es el que viene dando el Gobierno nacional contra la educación.
El fallo de la Corte Suprema ha puesto las cosas en su lugar, un bálsamo de razonabilidad dentro de tanta incertidumbre y pesar: reconoce la autonomía de la CABA y de las provincias -como Mendoza- para decidir respecto de la presencialidad más allá de las presiones y los decretos nacionales que impusieron la suspensión. Es un fallo a favor de la educación, de los chicos, de los padres y de aquellos sectores más postergados que son los que más necesitan la presencialidad.
La Corte nos ha recordado algunas lecciones importantísimas para todo el sistema político, y ha puesto en foco valores que el Presidente desprecia cada vez que usa la pandemia para concentrar poder, restringir derechos y atacar a la justicia.
La primera es que somos un país federal, y que corresponde de manera primordial a la CABA y a las provincias decidir sobre las cuestiones no delegadas a la Nación, entre ellas, los modos de promover y asegurar tanto la educación como la salud de sus habitantes. La Corte, en una clara referencia al comportamiento del Gobierno nacional, da una clase magistral y dice que el buen funcionamiento del federalismo depende de la lealtad, la buena fe, la coordinación y la concertación recíproca entre Nación, provincias, CABA y municipios. Todos valores en los que se asienta el federalismo republicano y la división de poderes con base territorial, y a los que renunció Fernández cuando abandonó el diálogo y el consenso.
La segunda cosa que nos recordó la Corte es que todos las decisiones políticas deben tener razonabilidad y estar debidamente fundadas. Particularmente tratándose de competencias concurrentes, la actuación de la Nación debe estar debidamente justificada, teniendo en cuenta que las provincias conservan todo el poder no delegado expresamente a la Nación. La Corte no encontró justificación suficiente en los escasos fundamentos del DNU para que una decisión sanitaria alcance a suspender la presencialidad educativa. Al avanzar sin esa justificación y sin acuerdo, el Estado federal no ejerció una atribución propia sino que invadió una ajena.
La tercera, con una frase célebre del juez Rosenkrantz, nos rememoró que “la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente”. Las garantías constitucionales se ponen a prueba en situaciones excepcionales como las que nos toca vivir y son incompatibles con el poder absoluto y el desequilibrio institucional. En palabras del mismo juez: “La Constitución es nuestra carta de navegación y debemos aferrarnos a ella en tiempos de calma y más aún en tiempos de tormenta, no dejándonos llevar por la pulsión de decidir al margen de lo que ella exige”. En otras palabras, no hay cheques en blanco ni superpoderes justificados por la pandemia, sino que deben estar ajustados a la Constitución.
Al poner en foco estas cuestiones, redefine el anormal proceso de toma de decisiones que ha sido la regla en la pandemia. El qué y el cómo, pero también el quién, deben estar ajustados a la Constitución. Queda claro que dentro del estado de derecho, en un sistema federal, no hay posibilidad de imposiciones del Gobierno nacional sobre la CABA o las provincias, sino que se deberá recurrir a la concertación y motivar de manera suficiente cualquier restricción.
Estos principios valen para los decretos, pero también para las leyes, porque modulan el radio de acción de todas las autoridades federales: el Presidente o el propio Congreso no podrán mediante una ley otorgar superpoderes que avancen sobre las provincias y CABA en su esfera de decisión. Deberán entender que no falló el instrumento (DNU) con el que se intentó el avasallamiento, sino que es el propio avasallamiento el que queda afuera de la Constitución en un estado de derecho.
Cuando la Justicia es independiente, marca los límites constitucionales que el poder político intenta sobrepasar. Por ello, el Frente de Todos quiere una Corte adicta, necesita el retorno de la mayoría automática que valide los atropellos y los absuelva en las investigaciones por hechos de corrupción. Con este fallo, nuestro máximo tribunal nos recuerda que la República está de pie y que hay instituciones para defenderla.
En pandemia sí hay derechos y la Constitución no debe ser puesta en cuarentena, sino que es la vacuna contra los excesos y atropellos institucionales.
Columna del diputado nacional Luis Petri publicada en Infobae
