Todos los anuncios que hizo la ministra Patricia Bullrich son absolutamente constitucionales. Tienen sentido común y respetan a rajatabla las leyes que ya existen. Además, responden a una de las demandas masivas que se expresaron en las urnas: que se terminen los delitos del corte de calle, de rutas o el bloqueo de empresas. Dentro de la ley, todo y fuera de la ley nada.
Los gerentes de la pobreza, los que usan y abusan de los pobres al obligarlos a ir a los cortes para no perder el plan salieron al cruce con agresividad y redoblaron la apuesta. Desafían a la ley, la convivencia pacífica y al estado de derecho. Mintieron descaradamente hablando de estado de sitio, de represión criminal, y prometieron que “no pasarán”, pese a los 7.762 piquetes que hubo durante este año, un delirio que no existe en ningún país del mundo. Y mucho menos en los países que ellos adoran. En Cuba o Venezuela, si cortás una calle vas preso sin derecho al pataleo. Los militares armados y en sus camiones son los que patrullan las calles y cuidan que nadie pueda expresar ni la mínima protesta.
El gran engaño es decir que la ministra está prohibiendo la protesta social. Eso es una falacia. La protesta es un derecho constitucional y es el pulmón por donde respira la democracia. Lo que se está prohibiendo es el corte de ruta, calle o el bloque que, claramente son delitos.
Hay varias preguntas para hacerse:
¿Quién votó a Eduardo Belliboni, o a Juan Grabois? ¿Quién los eligió como representantes de los más pobres de los pobres? La respuesta es: nadie, absolutamente nadie. Cuando sus espacios ultra izquierdistas se someten a elecciones, siempre hacen un papelón. Desnudan que son solamente respaldadas por minorías ideológicas jurásicas, apolilladas que fracasaron en todo el mundo. ¿Cómo es posible entonces que puedan convocar a cortes de rutas o en la Nueve de Julio donde llevan a miles de personas muy humildes? Mucha gente no lo sabe y la dirigencia política lo tiene naturalizado. Esos intermediarios de la pobreza someten a esa gente y los obligan a ir a las marchas. ¿Y cómo lo hacen? Los amenazan con quitarles los distintos planes sociales que reciben. Por temor, extorsionados, vemos a miles de compatriotas marginados y con necesidades básicas insatisfechas que concurren en forma disciplinada como si estuvieran de acuerdo con Trotsky o el Che Guevara.
¿Quién les da los planes para que estos delincuentes los repartan y los quiten a su antojo? El gobierno nacional. ¿Contra quién protestan dos o tres veces por semana? Contra ese mismo gobierno que le da los planes para que los repartan. No hay antecedentes en el mundo de semejante locura. Le repito como funciona este círculo vicioso porque mucha gente se olvida o lo desconoce. El gobierno le da planes (es decir plata) a Belliboni o Grabois y estos, como intermediarios, se los entregan solamente a los que aceptan las condiciones que ellos imponen. Y entre otras condiciones está la de ir a todas las marchas que sean convocados contra el gobierno que les da el dinero en forma de plan. Los empujan a hacerle la vida imposible al gobierno que les da el dinero. Insólito. Y muchas veces cortan los accesos a las grandes ciudades, las bloquean y las colapsan.
Es una manera de reducir a la servidumbre a los más humildes. Los utilizan para mantener los aparatos de sus agrupaciones políticas porque los que reciben la ayuda monetaria tienen que dejar una parte, una comisión de lo que cobran. Y si no van a las marchas, les quitan los planes. Les toman lista. Lo hemos visto varias veces por televisión.
Los que hablan de la igualdad y del socialismo no tienen vergüenza de explotar a los que dicen defender de la explotación capitalista.
Los que sacaron menos del 3% de los votos en elecciones limpias y democráticas le quieren dar órdenes a los que ganaron con casi el 56% de los votos.
Les ordenan al gobierno que rompan con el Fondo Monetario Internacional pero el 97 % de los argentinos votó propuestas que no prometían romper con el FMI. Todo es un delirio pero que tiene una gran importancia política para el gobierno. Es cierto que la prioridad es solucionar los más graves problemas económicos. Bajar la inflación, la impresión de billetes y los colosales gastos de la política burocrática y sucia. Es verdad que hay que abrir el cepo y la economía para que vengan inversiones y se generen puestos de trabajo. Es cierto que hay que bajar los impuestos asfixiantes para que todas las actividades sean más competitivas.
Pero en la política hay que demostrar poder. Quien es el que manda. Y no permitir que los grupos minoritarios te ganen la calle y hagan lo que se les cante con extorsiones seriales. Te amenazan con que la represión puede causar un muerto y eso nadie lo quiere. Llevan a madres con sus hijos en brazos y los usan como escudos humanos. Son despreciables y cobardes. La solución, además de garantizar la seguridad democrática sin armas letales, debe ser cortarles la ruta del dinero. Es muy evidente que si estos sectores no tienen planes para repartir, en dos días se quedan sin su poder de movilización. Claro que esa operación tiene que ser un mecanismo muy fino de relojería si el gobierno quiere evitar un estallido social con saqueos y toneladas de piedras. De hecho las dos movilizaciones que ya fueron convocadas son para el 19 y 20 de diciembre, las fechas dramáticas donde hubo muertes en las calles y el presidente Fernando de la Rúa debió escapar con el helicóptero desde el techo de la Casa Rosada.
Los responsables del área social ya deberían estar declarando públicamente que los que necesiten ayuda del estado no la van a perder. Que los planes se van a mantener pero que no se los van a entregar nunca más ni los Belliboni ni lo Grabois. Que se los van a entregar directamente en un banco cercano a su casa, con una tarjeta que entregará el estado o, directamente los intendentes. A Bebilloni no lo votó nadie para entregar el dinero de todos los argentinos. Los intendentes de todos los espacios políticos fueron votados por la gente. Más democrático no se consigue. Los intendentes ejercen lo que se llama democracia de proximidad. Ellos pueden controlar que los que reciben los planes se capaciten para poder aspirar a trabajos privados y genuinos y que manden a sus hijos a la escuela y que hagan algún tipo de tareas en el municipio. Eso le dará transparencia a la ayuda social. No se superpondrán planes. No será una mera entrega de dinero a cambio de nada. Los que lo reciben deberán quedarse en sus distritos para ir construyendo un puente para salir de la desocupación. La realidad será totalmente al revés. Recibirán los planes para capacitarse y tener una oportunidad real de progreso y para no ir a marchar cuando los punteros y capangas de los piqueteros se lo ordenen. Serán mucho más libres porque podrán cortar las cadenas con los militantes del atraso que le hablan con palabras incomprensibles de ideas fracasadas.
Por supuesto que los Belliboni y los Grabois van a resistir. Ya lo han dicho. Y lo van a cumplir. Van a pelear con uñas y dientes, con molotov y toneladas de piedras, pero ya serán mucho menos los convocados. Serán el grupo reducido que los vota. No tendrán como carne de cañón a los más pobres de los pobres que no irán a las marchas porque no habrán perdido sus ingresos. Serán manifestaciones más pequeñas y sectarias. Pero también van a desafiar al gobierno democrático para que le vaya muy mal como confesó Belliboni en un sincericidio.
Pero con fuerzas de seguridad democráticas y profesionales se va a poder ponerle límites al descontrol y el caos que quieren generar. Ellos apuestan a la anarquía callejera. Al río revuelto. No quieren un país tranquilo y organizado que vaya generando crecimiento y mayor equidad para todos. Quieren que todo explote por los aires porque el éxito de un gobierno los achica cada vez más y les hace perder sus privilegios de presunta vanguardia iluminada. Son todo lo contrario. Son fascistas de izquierda, son reaccionarios y celebran cuando al pueblo y al país les va mal, Por eso no los votan. Nadie quiere más dictaduras. Ni de los militares ni de los piqueteros.
Editorial de Alfredo Leuco en Radio Mitre
