La decisión, que se tomó en medio de fuertes controversias por la falta de competencia en el proceso, incluye además la remisión del caso a la Justicia para investigar posibles maniobras anticompetitivas.
En busca de mayor transparencia y competitividad, el Gobierno de Javier Milei resolvió anular la licitación destinada al mejoramiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La medida quedó oficializada este lunes con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 7/2025, emitida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), el organismo que reemplazó a la Administración General de Puertos (AGP SAU).
El proceso licitatorio tenía como fin la modernización, expansión y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, abarcando el sistema de señalización y las tareas de dragado desde la confluencia del Río Paraná hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior. Sin embargo, el Gobierno decidió dar marcha atrás en la contratación antes de que se concretara la adjudicación.
Según el Ejecutivo, el fundamento central de esta decisión radica en la necesidad de fomentar una competencia real en los procesos de licitación, evitando prácticas que pudieran limitar la participación de múltiples oferentes. En este sentido, citó una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que refuerza la importancia de garantizar precios justos y evitar sobrecostos innecesarios en contrataciones estatales.
Además, el Gobierno recordó que, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones, mantiene la potestad de cancelar cualquier procedimiento licitatorio antes de la adjudicación, sin que esto genere derechos a reclamos por parte de oferentes o terceros interesados. Esta cláusula le permitió a la ANPYN interrumpir el proceso sin enfrentar consecuencias legales.
Siguiendo esta línea, el organismo encomendó a su Gerencia de Asuntos Jurídicos la elaboración de un informe exhaustivo sobre el desarrollo de la licitación. El documento será enviado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que evaluará si existieron prácticas anticompetitivas que pudieran haber afectado el normal desarrollo del proceso.
Uno de los factores clave en la anulación fue la escasa participación de empresas interesadas. De hecho, la única oferta presentada correspondía a Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME), compañía que en el pasado enfrentó denuncias por falta de transparencia y procesos judiciales que habrían desalentado la llegada de otros competidores. Así lo señaló días atrás el vocero presidencial, Manuel Adorni, al justificar la decisión oficial.
