La impunidad de los ladrones de estado más grandes de la historia democrática, necesita de jueces y periodistas cómplices. Cristina ya avanzó con el asalto a la justicia en todos los frentes. Y el ataque al periodismo independiente marcha a toda velocidad. Intimidar, perseguir, criminalizar, castigar y si pueden, encarcelar a los periodistas que no se callan ni se arrodillan es un objetivo histórico de los Kirchner desde su origen en el feudo de Santa Cruz. Colonizar la justicia y criminalizar la libertad de expresión son las puertas que conducen hacia el chavismo K. Lo dijo en radio Mitre el propio Marcelo Longobardi.
Fracasaron con La ley de medios, pero Gabriel Mariotto ya dijo que van por la revancha. Una justicia adicta a Cristina puede permitir que expropiaciones y aprietes a los medios, pasen como por un tubo. Mientras tanto apelan a sus instrumentos de siempre: el látigo y la billetera de la pauta, la estigmatización, la amenaza y el insulto de los grupos de tareas de las redes, el invento de causas y las querellas a los cronistas y el maltrato permanente.
El inciso “e” del artículo 72 de la reforma judicial, impuesto por Cristina y ejecutado por Oscar Parrilli, no anda con vueltas. Si a un juez le molesta la información de un caso o la opinión de algún columnista, puede denunciar que se trata de una presión. Una locura censuradora y autoritaria, casi sin antecedentes.
Alberto le hizo decir a sus periodistas amigos que iba a voltear esa cláusula antidemocrática, pero de inmediato reculó y los dejó colgados del pincel. Apenas se atrevió a decir que era “ociosa” y que no cambiaba nada. Se tragó una vez más, el sapo de Cristina. Parrilli, en cambio, dijo la verdad. Que era para evitar lo que hicieron varios periodistas que extorsionaron a jueces y que incluso llamaron a escrachar a sus hijos.
Una falsedad del tamaño del Congreso de la Nación. Quieren domesticar y hacer arrodillar a los verdaderos trabajadores de prensa que buscan la verdad y nada más que la verdad. Lo que pasa es que la verdad lleva a Cristina derechito a la cárcel. Por eso está tan apurada. Por eso espera y desespera. Cristina se juega su libertad en todo esto. La de ella, la de sus hijos y de sus cómplices del Cártel de los Pinguinos. Por eso, desde las redes sociales, nuevamente han convocado a un banderazo contra la impunidad y para abrazar al Senado de la Nación. No sabemos cuanta gente responderá a la convocatoria. Pero estamos seguros que nadie va a tirar una sola piedra. Salvo que haya infiltrados.
Ya intentaron otros caminos que, por ahora, no funcionaron. La Conadep del periodismo que propuso el bufón de Dady Brieva. El tribunal de ética periodística de Eduardo Barcesat e incluso utilizaron la Comisión de la Memoria K, presidida por Adolfo Pérez Esquivel que llegó a equiparar una nota periodística con una operación sicológica de inteligencia. Todo muy burdo. Todo profundamente anticonstitucional. Pero Cristina y su banda no frenan ante nada. Hubo videos de Tristán, el ministro de Propaganda y Venganza, entre otras formas de marcar a periodistas de varios medios de comunicación. Y ni que hablar de aquellas amenazas de 67Chorro del pauta traficante Diego Gvirtz o de la convocatoria a escupir fotos de periodistas o hacerles juicio populares musolinianos en las plazas públicas.
El barbijo no puede ser una mordaza. Los periodistas no tenemos que callarnos frente a estos atropellos. La libertad para informar y opinar es nuestra obligación, pero sobre todo, es un derecho que tienen los ciudadanos. El trabajo de los cronistas jamás puede asimilarse a un apriete ni a una presión. Eso es lo que hizo Cristina durante mucho tiempo. Apretar jueces y fiscales con carpetazos. José María Campagnoli se salvó de su destitución por la movilización popular que lo defendió. Eduardo Taiano sufrió incluso el secuestro de su hijo. Al fallecido juez Bonadío lo acorralaron con información falsa sobre su hijo. A Stornelli le armaron una causa con un juez militante. A Esteban Righi, el gran amigo de Alberto, Amado Boudou lo volteó de un plumazo. La propia Cristina, en una conversación telefónica con Parrilli, le ordenó expresamente y sin eufemismos que saliera “a apretar jueces”. Y en una ocasión que fue citada a Comodoro Py a declarar, convocó a una movilización de toda su guardia de hierro para que presionara a los jueces.
El propio presidente Fernández que había caracterizado como “deplorable” todo lo que Cristina había hecho en la justicia y la había calificado como una “cínica delirante”, también dijo que los jueces iban a tener que pagar por lo que hicieron. Y los apuntó con nombre y apellido.
El último misil contra los medios para poder controlar sus contenidos fue el Decretazo de Alberto que intervino las telecomunicaciones desde el estado. Declaró servicio público a internet, tv por cable y telefonía. Y de paso congeló las tarifas hasta fin de año. Una medida retrógada, casi sin antecedentes en el mundo que bloquea todo tipo de inversión para la innovación y deja a tiro de tarifas a los medios que tienen acciones en esas empresas tecnológicas. Axel Kicillof, el del aluvión siquiátrico, dijo que era una determinación “valiente” de Alberto. El Cuervo Larroque, comandante de La Cámpora aseguró que eso les iba a permitir limitar a los medios concentrados, la construcción de sentido común que naturalizan “causas injustas”.
Es triste que militantes políticos crean que el pueblo es tonto y que se deja manipular por los medios. Si eso fuera cierto no se entiende cómo pudieron ganar varias elecciones pese a los medios satánicos y reaccionarios. Una frivolidad de un análisis cargado de ideologismo y ausente de inteligencia.
Es un despropósito el decretazo que declara servicio público a internet, cuando el 83% tiene conexión a las redes y solo el 70% posee gas y cloacas. Ni Cristina como presidenta se animó a tanto. Hasta China tiene precios liberados y competencia entre tres grandes empresas prestadoras.
Cristina castiga siempre la meritocracia, la iniciativa privada y la inversión. Por eso va contra el campo, la comunicación y la economía del conocimiento. Su modelo es un estado que controle todo, aunque se quede sin petróleo como le pasó a Nicolás Maduro. De hecho, gobernaron 33 de 37 años en la provincia de Buenos Aires y falta agua, asfalto y sobra exclusión y narcotraficantes.
ADEPA, que agrupa a 180 entidades periodísticas avisó que “combatir a la prensa no mejora la justicia”. El humor corrosivo de Carlos Reymundo Roberts dijo que la de Parrilli “es una cláusula según la cual un llamado de un periodista de Clarín o La Nación a un juzgado puede ser considerado un delito grave y uno de Gustavo Sylvestre o Victor Hugo Morales, periodismo de investigación”.
Está claro que el decretazo, solo es una necesidad y una urgencia de Cristina. Y que la libertad de expresión, es la madre de todas las libertades. Atentar contra los medios es un crimen de lesa libertad y un patoterismo de estado del nacional populismo.
No es una casualidad que nuestro himno nacional comience diciendo: “Oid mortales, el grito sagrado, Libertad, Libertad, Libertad.
Editorial de Alfredo Leuco en Le doy mi Palabra, por Radio MItre
