Se oscurece el panorama para uno de los personajes más siniestros de la Argentina.
El juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio oral y público la causa contra Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, acusado de extorsionar a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y de defraudar al Estado en el manejo de los fondos públicos. El expediente también alcanza a otras 17 personas y ahora será sorteado el tribunal de Comodoro Py que tendrá a cargo el juicio. La defensa había intentado frenar la elevación argumentando supuestas irregularidades procesales, pero el juez las rechazó.
La causa se inició a fines de 2023, tras una denuncia impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que habilitó una línea telefónica para recibir reportes anónimos sobre presiones a beneficiarios de planes sociales. En la investigación se recopilaron testimonios de cinco testigos protegidos y se allanaron distintas sedes donde se incautaron cuadernos, computadoras y documentación que alimentó la hipótesis de una red de fraude y extorsión sistemática.
Según la resolución judicial, el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor habrían recibido más de 361 millones de pesos, parte de los cuales fueron administrados de forma irregular. Se habrían usado facturas apócrifas, simulado gastos y desviado fondos mediante empresas vinculadas a los imputados. Además, se detectaron cheques y rendiciones falseadas que ocultaban el verdadero destino del dinero, con parte de los desembolsos directamente no justificados ante el Estado.
Belliboni está acusado de firmar documentos falsos y de presentar declaraciones juradas con montos desviados. La causa también contempla denuncias por amenazas y coacciones a beneficiarios, a quienes supuestamente se les exigía asistir a marchas o actividades políticas a cambio de mantener el plan. En los allanamientos se hallaron cuadernos con anotaciones como “no come” y listados de personas que no participaban de las movilizaciones.
En su defensa, Belliboni rechazó todas las acusaciones, presentó documentación en respaldo y responsabilizó a la AFIP por la autorización de las empresas implicadas. Además, vinculó el avance de la causa con la “campaña antipiquetera” del Gobierno de Milei. También fue citado en el expediente el exfuncionario Emilio Pérsico, por su rol en el control de fondos durante su gestión en el Ministerio de Desarrollo Social. Para la Fiscalía, la supuesta maniobra fue posible por la connivencia con funcionarios públicos que omitieron controles deliberadamente.
