Cristina Kirchner insiste en modificar el reglamento de funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
La vicepresidenta Cristina Kirchner buscará desesperadamente tratar de bloquear que Horacio Rosatti pase a presidir el Consejo de la Magistratura e intentar, por lo menos, que se designen las ternas para ocupar dos cargos de camaristas y tres de jueces de los tribunales de Comodoro Py, donde se investigan las causas por corrupción.
Por un lado, el diputado K Marcelo Casaretto logró que el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, aceptara una inédita precautelar contra un fallo de la Corte que “prohíbe” al Congreso nombrar durante cinco días dos nuevos representantes a la Magistratura, uno por el Senado y otro por Diputados.
En forma llamativa, la vicepresidenta no quiere firmar esos nombramientos que le corresponden a la oposición.
Por otro lado, el kirchnerismo intenta que este miércoles el Consejo de la Magistratura apruebe un nuevo reglamento para que su actual presidente, Alberto Lugones, continúe en funciones mientras asumen las nuevas autoridades de acuerdo al fallo de la Corte de diciembre de 2021.
Ocurre horas después de que el lunes los K intentaran nombrar a cinco jueces federales, pero les faltó un voto en el Consejo.
Las jugadas se deben a que la ex presidenta no logró que el Congreso sancionara antes de este viernes una ley que respete el “equilibro” de los estamentos de jueces, abogados, legisladores y académicos en ese organismo que propone, sanciona y destituye jueces.
Los trece miembros del actual Consejo de la Magistratura, cuya fecha de caducidad por decisión de la Corte se cumplirá este viernes, se reunirán este miércoles desde las 8 para definir un esquema de funcionamiento “administrativo” que no paralice el sistema de Justicia.
“Convocamos una audiencia extraordinaria”, anunció el presidente del cuerpo, Alberto Lugones, a sus colegas este martes en la reanudación del plenario del cuerpo que reúne a todos sus miembros. Lugones es un juez que vota en sintonía con la estrategia judicial de la vicepresidenta.
Mientras el presidente de la comisión de Inteligencia del Congreso, el cristinista Leopoldo Moreau, y el ex jefe de la AFI y senador, Oscar Parrilli, formularon declaraciones agraviantes contra el presidente de la Corte, Rosatti, quien debería asumir el lunes como nuevo titular del Consejo de la Magistratura, según el fallo de diciembre, en medio de esta nueva escalada.
Desde la oposición le contestaron a Parrilli. “Los dichos de Parrilli ponen a la Argentina a las puertas de un gravísimo conflicto de poderes. Los fallos de la Corte no son de cumplimiento opcional. Son obligatorios”, manifestó Mario Negri, presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR.
“Parecería que el kirchnerismo quiere reeditar lo que hizo cuando desplazó al Procurador General de Santa Cruz, Eduardo Sosa. La Corte declaró ilegal lo actuado y ordenó reponer al Procurador en su cargo, pero sistemáticamente se incumplió con ese mandato”, recordó Negri.
El mayor interés de Cristina es desplazar a los miembros de la Cámara Federal porteña Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia -quienes confirmaron su procesamiento en la causa de los Cuadernos de las Coimas-, y ocupar los juzgados vacantes de los jueces Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres. En su lugar, quieren nombrar candidatos a jueces adictos que habían quedado en malas posiciones en los exámenes del concurso.
El lunes a los K les faltó un voto para nombrar las ternas que se deberán elevar al presidente Alberto Fernández. Pero con ocho votos y esos cambios en el reglamento, “el lunes que viene podrían elevar ternas”, advirtieron las fuentes. En tercer término, el proyecto de reglamento dice “hasta tanto se verifique la integración conjunta y simultánea del órgano si ello no resultare concomitante”, Lugones será el presidente provisorio.
Este viernes se cumplen los 120 días que en diciembre del año pasado fijó la Corte como plazo máximo para que el Consejo se integrara con 20 miembros, y la presidencia a cargo del alto tribunal, o el Congreso aprobara una ley al respecto. Pero el Frente de Todos, por sus peleas internas, no pudo cumplir con esa plazo para sacar una nueva ley. Así que esta doble jugada le sirve para tapar esa pelea.
Desde la salida del fallo a fines del año pasado, el Consejo se abocó a organizar los dispositivos electorales para cumplir con la sentencia de la Corte.
La semana pasada los jueces eligieron a la civilista Agustina Díaz Cordero y los abogados, a Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, y ahora falta un representante por los profesores de Derecho de las universidades del Estado.
Pero Cristina hizo esta apuesta para tratar de paralizar el nombramiento de este Consejo que será solo por siete meses, hasta que se deban elegir nuevas autoridades.
Información de Daniel Santoro en Clarín
