La expresidenta oficializó que se postulará en las elecciones bonaerenses. Ahora, el máximo tribunal pasa a ser la estrella del caso, a la espera de su definición por la condena que afronta por la causa Vialidad.
En medio de su enfrentamiento con el gobernador Axel Kicillof y bajo la sombra de una condena judicial por corrupción, Cristina Fernández de Kirchner confirmó que será candidata a legisladora por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires en las elecciones del próximo 7 de septiembre.
El anuncio, que reconfigura el tablero electoral del peronismo, también reactiva una pregunta clave en el escenario político y judicial argentino: ¿podrá la Corte Suprema de Justicia anular su postulación si deja firme la sentencia que la inhabilita para ejercer cargos públicos?
La ex presidenta fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la causa conocida como «Vialidad», que investigó el direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez. Esa sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2024 y, aunque no incluyó la figura de asociación ilícita impulsada por los fiscales Diego Luciani y Mario Villar, alcanzó el llamado “doble conforme”, paso previo a que la Corte Suprema pueda intervenir.
Hace un par de semanas, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dio un paso clave al ratificar la sentencia contra la ex vice de Alberto Fernández.
Con este panorama, la Corte podrá decidir si abre la queja presentada por los acusados o la rechaza de plano. En este último caso, la condena de Cristina Kirchner quedaría firme de forma inmediata, lo que activaría su inhabilitación automática para asumir cualquier cargo electivo.
El anuncio de su candidatura genera un escenario inédito: si la Corte se pronuncia antes de las elecciones o durante la campaña, Cristina no podrá asumir; si lo hace después de que sea electa, será la Cámara de Diputados bonaerense la que deberá impedirle jurar. En una tercera posibilidad, si la decisión judicial llega cuando ya esté en funciones, el cuerpo legislativo debería iniciar un proceso de expulsión y quitarle los fueros, tal como indica la Constitución provincial en casos de condena firme.
En su entrevista con C5N, Cristina buscó nacionalizar su jugada: “Si hay un mal resultado del peronismo en la provincia, ¿cómo va a irradiar en el resto del país?”, señaló, en una crítica velada a Kicillof y su resistencia a impulsar su candidatura.
La tensión entre ambos marca una fuerte interna en el peronismo bonaerense, donde distintos sectores ven en la ex presidenta una figura capaz de retener votos en un territorio clave, mientras otros temen el impacto negativo de su situación judicial.
Desde el oficialismo, algunos referentes ya especulan con una estrategia que intente judicializar una eventual inhabilitación invocando la “voluntad popular”, aunque fuentes judiciales lo relativizan: “La sentencia por corrupción ya fue confirmada. Lo que falta es una decisión procesal de la Corte. Cuando eso ocurra, hay que cumplirla”, afirman en Comodoro Py.
La Corte, sin plazos establecidos, maneja los tiempos. Pero la política ya está en marcha: Cristina Kirchner volvió al ruedo electoral con una condena encima y su destino, más allá de las urnas, lo definirá el máximo tribunal.
