Desde este lunes se escucharán los alegatos. Primero expone la UIF y por último, la fiscalía. En los próximos meses se definirá la situación de la expresidenta y de Lázaro Báez, acusados por corrupción en la obra pública.
La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que controla el kirchnerismo, jugó su última carta hace dos semanas cuando buscó retrasar el inicio de los alegatos. Pero la maniobra fallo y este lunes comenzaron los alegatos en el juicio que tiene como principal imputada a Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública.
Los alegatos de la UIF demandarán tres audiencias y el organismo que controla el kirchnerismo no pedirá una condena para la vice.
En tanto, el último de los alegatos, será el de la fiscalía que se descarta pedirá algún tipo de condena.
El de Vialidad es el único juicio que Cristina Kirchner tiene en pleno desarrollo y que transita su etapa final. Hubo varias movidas K para desestimarlo, de hecho la Oficina Anticorrupción (OA) hace veinte días desistió ser querellante. La controla Félix Crous, integrante Justicia Legítima.
Tras la renuncia de la OA, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, ordenó que los alegatos de este lunes sean iniciados por la UIF.
El organismo del Gobierno fue, durante la gestión del macrismo, uno de los principales acusadores en el caso. La UIF aportó importante información sobre los movimientos de fondos sospechosos y como se sacaron del país e incluso pidió la detención de los cuatro hijos de Lázaro Báez. La UIF impulsó durante la instrucción una gran cantidad de medidas de prueba.
Con el cambio de gestión y la llegada de Alberto Fernández y sobre todo Cristina Kirchner, la UIF tuvo un giro sustancial. En las audiencias de debate oral, a cargo del TOF 2 y de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, no participó más. Incluso, rechazó formular preguntas a los testigos vinculados a Vialidad Nacional que el propio organismo había sugerido.
En esta causa, que tiene trece imputados, la principal acusación recae sobre la vicepresidenta: se la procesó como jefa de una asociación ilícita, en la que participaron Lázaro Báez y otros funcionarios como Julio De Vido y José López. La banda se dedicaba a derivarle fondos públicos a Báez sin control.
Después de los alegatos de la UIF, el calendario indica que seguirá la fiscalía. El TOF 2 dispuso nueve audiencias para que realicen su exposición. En diversas ocasiones el fiscal Luciani -en base a los interrogatorios realizados- y la prueba documental analizada y puesta bajo tratamiento durante el juicio, avaló la acusación inicial del caso.
En el dictamen acusador que envió a Cristina Kirchner a afrontar su primer juicio por presunta corrupción, se sostuvo que se montó una estructura desde organismos del Estado para beneficiar a Lázaro Báez quien, en simultáneo, mantenía diversos negocios con el matrimonio Kirchner: 18 compraventas de propiedades, fideicomisos, un terreno en condominio con la vice, alquiler de hoteles, explotación de los mismos y contrataciones cruzadas, entre otras.
Esa estructura de beneficios a favor del dueño del Grupo Austral le permitió ganar el 86% de las obras viales que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) volcó en suelo santacruceño. La mitad de esas obras nunca se terminaron, sin embargo, Báez percibió sobreprecios promedio del 65%, según la acusación.
El juicio transita hacia su instancia final, después de que la Corte Suprema rechazó, con un fallo unánime, una docena de planteos de Cristina y otros acusados en el caso.
Los magistrados fueron contundentes al responder a los planteos de Cristina Kirchner. Señalaron que las decisiones adoptadas por el Tribunal que realiza el juicio “no se vincula a una decisión de perjudicar a la ex Presidenta o convertir al debate en un remedo de juicio”.
El máximo tribunal también le replicó a la defensa de Cristina que “los actores judiciales” realizaron su tarea y no como dijo ella que “lejos de velar por la vigencia de nuestra Constitución, se han plegado, con un inocultable interés político, a una desenfrenada e inédita embestida política, mediática y judicial”.
Información de Lucía Salinas en Clarín
