Así lo evaluó el especialista Jorge Ossona tras conocerse el dato de Indec sobre el 37,7% de pobreza en el segundo semestre del año pasado.
El 37,2% de la población -unas 17,4 millones de personas- es considerada pobre en la Argentina y el 8,2% vive en condiciones de indigencia, informó este miércoles el Indec. De acuerdo a los datos del segundo semestre de 2021, de esta manera, los indicadores sociales principales mostraron una mejora respecto al 42% de pobreza que marcó el 2020 y el 40,6% de la primera mitad del año pasado.
Jorge Ossona, historiador e Investigador de Cs. Económicas en la UBA, habló en Radio Mitre sobre el informe del Indec y precisó: “Hay una situación muy heterogénea; los números en términos crudos no dice gran cosa sobre la diferencialidad de situaciones; una recomposición de la actividad un 10% impacta; pero bajando la pobreza en 3.5%; es muy poco, y evoca varias cosas. Primero, su carácter estructural; segundo, que esta baja tiene una connotación coyuntural, pero es demasiado poco para el nivel de reactivación que hubo.
Consideró que “eso nos obliga a pensar la calidad de los empleos que se reconstruyeron; ha habido un aumento de la productividad; pymes que tenían 5 empleados, se quedaron con 3, e incorporaron a 1; muchos de los que perdieron empleos formales, no lo recuperaron; mejoraron su situación a instancias de empleos informales, que son un 50% más bajos que los formales”.
“Además, hay zonas donde uno ve empresas que tienen dificultades para emplear gente; pizzerías, carnicerías; porque están en lugares con gran concentración de programas sociales; eventualmente actividades informales. Eso no es homogéneo; a cinco cuadras, hay situaciones de penuria muy extrema. Estos índices son un soplo de aire fresco para un gobierno en crisis; pero estamos hablando de 37.3% de pobreza, respecto a un 40.6% cuando crecíamos un 10% menos; no es para ponerse demasiado feliz”, se quejó Ossona.
Respecto a las cooperativas, dijo: “Ha sido una gran estafa; Potenciar Trabajo tenía el sentido de que a la gente se le diera medio salario mínimo; ese medio salario se debería convertir en un salario a raíz de actividades que los cooperativistas iban a emprender por su propia cuenta o con la asistencia del estado a partir de obras públicas de fuerte incidencia social; esa plata está, y va a parar no al bolsillo de los beneficiarios, las organizaciones y las intendencias reciben plata para hacer obras que no se hacen; entonces la gente ni tiene noción de que pertenece a una cooperativa”.
“Si toda esa plata se usara para poner en marcha proyectos de alta incidencia social, como asfaltes, cloacas, se podría empezar a pensar en sacar de la persona a millones de personas; hay mucho capital humano en los barrios populares, que está en condiciones de hacer cosas; pero se necesita un estado que ejecute y no dilapide”, concluyó el especialista.
