La solicitud ya reunió casi 100.000 firmas en Change.org. Se titula: “No a la restitución de la pensión vitalicia a Amado Boudou”.
El procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, favoreció la semana pasada Amado Boudou al revocar el cobro de una pensión vitalicia al ex vicepresidente tras su condena a cinco años de prisión en la causa Ciccone. En el escrito, el funcionario opinó que las resoluciones de la Oficina Anticorrupción y la ANSeS “son nulas de nulidad absoluta” y de esta manera, el abogado del ex ministro de Economía podrá presentarse -si ya no lo hizo- ante la Justicia para reclamar una pensión equivalente a las dos terceras partes del sueldo de un juez de la Corte Suprema, es decir un monto que rondaría entre los 300 mil y 400 mil pesos, más los pagos atrasados durante los últimos cuatro años que alcanzarían los 20 millones de pesos. Sí, 20 millones de pesos.
Como si fuera poco, el ex segundo de Cristina Kirchner está excarcelado por un polémico fallo relacionado con la pandemia del coronavirus.
Ante el repudio generalizado de la oposición y gran parte de la sociedad, trascendió un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, que describe las desigualdades que existen en el país -dictadas por ley- y además, señalan que de 5.7 millones de jubilados, sólo 57 mil superan el haber máximo, que está fijado actualmente en $113 mil pesos. Un monto muy inferior al que recibirá Amado Boudou.
Desde IDESA indicaron que el haber máximo que puede cobrar un jubilado es de $113 mi y sólo lo cobra un mínimo porcentaje del gigantesco universo de jubilados que tiene la Argentina, demostrando así, según el instituto, las desigualdades y privilegios que tiene la dirigencia política y judicial del país.
Según información publicada por la ANSES, de los 5,7 millones de jubilados y pensionados del sistema nacional, hay 57 mil que superan el haber máximo.
La discusión se centra en los alcances de ley N° 24.018 sobre las jubilaciones vitalicias para los vicepresidentes de la Nación, a partir del cese en sus funciones. La administración de Mauricio Macri consideró que un condenado por perjudicar al Estado, como en otros países del mundo, no puedo cobrar una pensión del Estado. En cambio, para Zannini la ley dice que solo no puede cobrar si el vicepresidente fue removido por un juicio político del Congreso.
