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Hasta cuándo tiene tiempo el Estado para pagar la millonaria cifra a la petrolera Burford Capital.

La Argentina acaba de recibir un nuevo revés judicial en el extenso juicio por la expropiación de YPF: la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que el país transfiera el 51% de las acciones de la petrolera a Burford Capital, el fondo buitre que lidera la demanda. La decisión se basa en el incumplimiento del pago de USD 16.000 millones dictado en 2023, monto que ya suma intereses. Si se concreta, el Estado perdería su participación mayoritaria en una de las empresas clave para el desarrollo energético nacional, en plena expansión de Vaca Muerta.

Preska argumentó que el Estado argentino “no hizo esfuerzos” para cumplir el fallo y le dio 14 días para depositar las acciones clase D en una cuenta del Bank of New York Mellon, desde donde se transferirían a los demandantes. También sugirió caminos para evitarlo: conseguir autorización del Congreso, cambiar la legislación o llegar a un acuerdo extrajudicial. La jueza dejó en claro su frustración con la falta de negociación por parte del país, que ya atravesó cuatro gobiernos desde el inicio del litigio sin acercamientos formales con Burford.

El presidente Javier Milei anticipó que se apelará el fallo. Desde su cuenta en X, apuntó directamente contra Axel Kicillof, a quien calificó como responsable político de la expropiación en 2012, bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. También calificó la decisión como una “intolerable intromisión en la soberanía”. El Gobierno buscará frenar la ejecución con un “stay”, que podría requerir una garantía de USD 10.000 millones, algo que Argentina ya se negó a ofrecer el año pasado.

El impacto económico fue inmediato: las acciones de YPF cayeron hasta 8% en Wall Street, mientras que las de Burford se dispararon más de 20% en Londres. Aunque la petrolera no es directamente culpable en el fallo, su vinculación con la causa generó una fuerte reacción en los mercados. El dólar también reaccionó al alza, superando los $1.200 en todos los segmentos. Los efectos se sintieron incluso en los bonos soberanos, que volvieron a retroceder.

En medio de esta tormenta judicial, Burford acelera su presión. Presentó nuevos pedidos de embargo y busca probar que YPF y el Estado son una misma cosa, lo que permitiría embargar activos de la empresa. Además, el caso se complejiza por otro flanco: la ONG RAFA también presentó una apelación, que fue rechazada por Preska, pero podría reactivarse. En paralelo, la defensa argentina prepara su estrategia legal ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que podría tardar un año en expedirse.

El escenario judicial se entrelaza con la política de Estados Unidos. En las últimas semanas, un proyecto del senador republicano Thom Tillis para gravar con más del 40% a las empresas de litigation funding como Burford puso en riesgo el modelo de negocios del sector. La iniciativa, que tenía puntos de contacto con propuestas de Donald Trump, fue retirada, y Tillis anunció que no buscará la reelección. En ese contexto, llegó el fallo de Preska, afín al partido republicano, lo que le dio una nueva dimensión geopolítica a la causa.

Por ahora, no hay pagos inminentes, pero sí una cuenta regresiva legal. Argentina tiene días para decidir si cumple, negocia o entra en conflicto con un tribunal clave de Estados Unidos. El riesgo de quedar en desacato podría tener consecuencias más allá del caso YPF, afectando la reputación del país ante inversores, organismos multilaterales y posibles acuerdos de financiamiento internacional. Negociar con Burford, aunque doloroso, aparece cada vez más como una alternativa menos dañina que seguir estirando el conflicto.

Sin novedades en el frente para el gobernador de Formosa, que se impuso con el 70 por ciento para las legislativas y de constituyentes.

El PJ de Formosa se impuso este domingo con el 67.50 por ciento de los votos en las elecciones legislativas y para convencionales constituyentes de esa provincia y dejó al Frente Amplio Formoseño en el segundo lugar, con el 21,33 por ciento, y a La Libertad Avanza (LLA) en el tercero, con 10,29 por ciento.

La lista de diputados provinciales del PJ estuvo encabezada por Rodrigo Vera y Agustín Samaniego, mientras que la nómina para convencionales constituyentes postuló en el primer lugar a María Graciela de la Rosa.

La ex presidenta Cristina Kirchner felicitó al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por la victoria en ese distrito y mandó un “abrazo grande” a los habitantes de la provincia.

Para las elecciones de convencionales constituyentes de Formosa, el PJ reunía el 67,59% por ciento con De la Rosa; el Frente Amplio, con el senador Francisco Paoltroni a la cabeza, el 12,45 por ciento, y LLA el 7,08 con Atilibio Basualdo.

En tanto, otros dos sublemas del Frente Amplio Formoseño obtuvieron el 6,18, de la mano de Guillermo Evans, y el 2,67 con Juan Sebastián “Juanchi” Montoya, mientras otro sublema libertario, con Emilio Grippaldi, cosechó el 3,14 por ciento.

El Frente Libres del Sur, en tanto, quedó en el último lugar de la compulsa para convencionales constituyentes con el 0, 89 por ciento.

En la elección para diputados provinciales, en tanto, el PJ obtuvo el 67,33 por ciento de los votos, mientras que LLA, con el sublema Las Fuerzas del Cielo, encabezada por Esteban Gabriel López Tozzi, el 7,11, y Despertando Leones, con Héctor Brizuela, el 3,14.

En cuanto a los representantes del Frente Amplio Formoseño, que congregó a la UCR, PRO, MID, Nuevo País y Libertad, Trabajo y Progreso, la candidata Agustina Villaggi, del sublema encabezado por Ahora Formosa, cosechó el 12,40 por ciento de los votos, mietras Gabriela Neme, del sublema La Fuerza del Pueblo, el 6,39.

El tercer sublema del Frente Amplio, Formosa Avanza, consiguió el 2,71 por ciento de los votos con Juan Marcelo Ocampo a la cabeza. En el último lugar se ubicó a Libres del Sur, que obtuvo el 0,92 por ciento de los votos con Néstor Sigsig.

Fuente: Noticias Argentinas

Por orden del juez federal Daniel Rafecas, iniciará el juicio oral en ausencia para los diez acusados de planificar y ejecutar el atentado terrorista contra la AMIA en julio de 1994, que causó la muerte de 85 personas en la mutual judía ubicada en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta medida se aplica a los imputados, de nacionalidad iraní y libanesa, que permanecen prófugos desde 2006 y no han podido ser juzgados en territorio argentino.

La decisión se tomó tras aceptar el pedido de la Fiscalía a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA, encabezada por Sebastián Basso, y se sustenta en la reciente aprobación en el Congreso del juicio en ausencia como mecanismo legal para casos de este tipo. Así, la justicia avanza para garantizar el proceso pese a la ausencia física de los acusados.

Los imputados —entre ellos Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, entre otros— tienen alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006, pero nunca fueron detenidos. En su mayoría son ciudadanos iraníes que no pueden ser extraditados y que, pese a las órdenes internacionales, continúan moviéndose con libertad por razones geopolíticas o porque las alertas no se activan.

La medida no implica un paso automático al juicio oral: hay un plazo de tres días hábiles para que las partes puedan apelar el fallo. Algunas querellas, como APEMIA, Memoria Activa, y 18J, junto con la defensa oficial, ya anticiparon su rechazo a esta modalidad. Mientras tanto, la Fiscalía debe solicitar formalmente el procesamiento de los acusados para que estén legalmente habilitados a ser juzgados en esta nueva instancia.

El juicio en ausencia fue incorporado este año al Código Procesal Penal argentino gracias a una reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, y está destinado a casos graves como terrorismo, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Para su aplicación, los imputados deben estar prófugos al menos cuatro meses, condición que se cumple en este caso. La norma establece, además, que si en algún momento los acusados se presentan ante la Justicia, tendrán derecho a iniciar un nuevo juicio.

En su resolución de 148 páginas, Rafecas sostuvo: “Uno de los principales argumentos a favor de los juicios en ausencia es que permiten avanzar en la justicia, incluso cuando el acusado evade el proceso penal, ya sea porque no comparece o desconoce la jurisdicción del tribunal, o se encuentra en lugares donde no puede ser extraditado”.

El juez recordó que esta figura fue sido utilizada en el pasado en otros países y citó como antecedente el juicio de Núremberg, donde se juzgó a jerarcas nazis en ausencia, como parte de un esfuerzo internacional por dar respuesta a crímenes atroces.

Rafecas agregó además que: “Los juicios en ausencia pueden ser vistos como una herramienta para reconocer los derechos de las víctimas y asegurar que los crímenes no queden impunes. En muchos casos, las víctimas y sus familias esperan durante años un proceso judicial que les permita conocer la verdad y obtener una sentencia contra los responsables”. Con esta decisión, se abre un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por el atentado más grave en la historia argentina.

El hijo de la condenada por corrupción y el ministro de Economía que hundió al país ratifican su alianza en vistas a las elecciones bonaerenses y nacionales de octubre. Kicillof, espera.

El peronismo entró en la recta final de sus negociaciones para definir las candidaturas de cara a las elecciones bonaerenses de septiembre y las nacionales de octubre. En el centro del armado reaparece una sociedad política que ya le hizo demasiado daño al país: Máximo Kirchner, el heredero político de Cristina Fernández, y Sergio Massa, uno de los principales responsables del desastre económico que dejó al país al borde del abismo. Ambos consolidan su alianza bajo un posible sello directo: “Peronismo”.

Massa, que volvió a las filas del Partido Justicialista tras la proscripción judicial de Cristina Kirchner, aparece nuevamente como una figura clave del armado electoral. Es paradójico que, a pesar de su gestión fallida como ministro de Economía, conserve poder de negociación dentro del partido que dejó al país con inflación descontrolada, reservas vacías y una derrota aplastante frente a Javier Milei. Sin autocrítica y con complicidades, Massa vuelve a sentarse en la mesa donde se decide el futuro del peronismo.

La alianza con Máximo Kirchner no es nueva: ambos vienen tejiendo acuerdos desde 2019, año en que lograron unir al peronismo para enfrentar a Mauricio Macri. Lo que sí es nuevo es el nivel de negación y cinismo con el que intentan justificar los fracasos del pasado reciente. Massa habla de sequías, guerras y pandemias. Máximo lo respalda, lo repite, lo protege. Como si los argentinos no hubieran sufrido en carne propia el colapso provocado por esa gestión conjunta.

El kirchnerismo y el massismo ya funcionan como un solo bloque, que busca presentar una lista común con apoyo de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, Axel Kicillof —otro cuadro surgido de la lógica camporista— juega su propia partida, con el respaldo de unos 40 intendentes. Aunque también responde a Cristina, busca negociar desde otro lugar, sin quedar atado a los dos nombres más desgastados del espacio.

El núcleo duro del peronismo militante, representado por sectores como el de Juan Grabois, también cuestiona esta sociedad. Desde Patria Grande señalan a Massa y Máximo como corresponsables del derrumbe del gobierno anterior. Lo curioso es que, pese a las diferencias ideológicas, todos los sectores siguen orbitando alrededor de una conducción que se niega a ceder espacio, a renovar nombres o a rendir cuentas.

En este contexto, las reuniones en la sede de Matheu 130 se intensifican. Massa y Máximo buscan cerrar candidaturas y repartos de poder mientras aún suena el eco de la derrota de 2023. Lejos de asumir errores, su única estrategia parece ser sostenerse entre ellos, blindados por la falta de alternativas internas fuertes. Kicillof, por su parte, espera que ese armado se consolide para negociar desde afuera, pero dentro de los mismos márgenes conocidos.

Lo más inquietante es que, en plena crisis de representación y con la economía aún en emergencia, los protagonistas del naufragio peronista no solo no se retiran, sino que se preparan para volver. Lo hacen con la misma retórica vacía, los mismos rostros de siempre y bajo un nombre que no oculta su verdadera intención: “Peronismo”, así, sin adjetivos ni autocrítica. Como si no hubieran aprendido nada.