Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal, estuvo en El diario de Leuco para analizar los puntos cruciales de la iniciativa que impulsa el Gobierno de Milei.
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La negociación significó un fondo de emergencia de $350.000 millones para los 135 municipios bonaerenses y reparto de cargos en el Bapro
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó en la madrugada del jueves la Ley de Financiamiento que autoriza al gobernador Axel Kicillof a tomar deuda por USD 3.685 millones para afrontar vencimientos, obras y gastos corrientes.
La norma, sancionada tras una sesión que se extendió durante más de 14 horas, habilita al Ejecutivo bonaerense a refinanciar pasivos por USD 1.990 millones, realizar operaciones por USD 1.045 millones en el sector público y otorgar fondos a empresas estatales, como AUBASA y Buenos Aires Energía.
La ley obtuvo media sanción en Diputados a la 1:30 de esta madrugada, 4 de diciembre de 2025, con 62 votos afirmativos, apenas uno más del mínimo requerido, y fue convertida en ley minutos después en el Senado con 31 votos a favor, luego de intensas negociaciones entre el oficialismo y bloques opositores.
Según trascendió, el consenso legislativo se alcanzó tras la inclusión de un fondo de emergencia de $350.000 millones para los 135 municipios bonaerenses, a distribuir en cinco cuotas, así como el reparto de cargos en el Bapro y organismos clave.
También se designaron nuevos consejeros generales de educación y se cubrieron vacantes en el Tribunal Fiscal de Apelación, con lugares para sectores del peronismo, el radicalismo, el massismo, el PRO y La Libertad Avanza.
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) respaldó el endeudamiento luego de compromisos del Ejecutivo para avanzar en negociaciones paritarias, mientras que el PRO votó dividido: acompañó el rollover pero rechazó el endeudamiento general.
Durante la sesión se registraron momentos de tensión, como el intento del intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, de reincorporarse a su banca para votar en contra del proyecto, lo que derivó en un prolongado cuarto intermedio.KAAIEAUEACnJ1vQz+rp3Eg
La ley forma parte del paquete económico 2026, junto al Presupuesto de $41,5 billones y la Ley Impositiva ya sancionados, y es considerada clave por el gobernador para evitar un default provincial sin afectar partidas de salud ni educación.
Kicillof necesitará ahora el aval del gobierno nacional para emitir deuda en mercados internacionales, en un contexto de restricciones fiscales y a pocos días del recambio legislativo del 10 de diciembre, que modificará el equilibrio de fuerzas en la Legislatura.
Seis dirigentes de La Cámpora y otros tres legisladores electos que responden al núcleo duro K, defendieron la “inocencia” de la expresidenta en el recinto.
La situación judicial de la ex presidenta Cristina Kirchner no pasó desapercibida durante la sesión preparatoria de este miércoles en la Cámara baja, al punto que los seis diputados nacionales electos de La Cámpora juraron “por la libertad” de la ex mandataria.
Fue una decisión política de la organización que conduce Máximo Kirchner que cumplieron sin chistar todos los legisladores que se encuadran orgánicamente en esa agrupación, supo la Agencia Noticias Argentinas.
Pero no fueron los únicos kirchneristas que juraron por Cristina Kirchner y su “inocencia”: también lo hicieron otros kirchneristas como la ex senadora provincial y ex ministra de Gobierno bonaerense Teresa García; la diputada y jefa del Sitraju Vanesa Siley y el jefe de La Bancaria, Sergio Palazzo.
La primera en comprometer su banca a defender la libertad de la ex presidenta fue Teresa García, que fue intensamente abucheada por la parcialidad libertaria que colmó las galerías del recinto.

Lucía Cámpora, secretaria general de la agrupación homónima, se sentó en su banca portando una remera con la leyenda “Cristina libre”.
“Por la memoria de Néstor y los 30 mil, por la libertad de Cristina y del pueblo argentino. Sí, juro”, vertió la ex legisladora porteña.
Por su parte, el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti juró por sus padres desaparecidos, “por los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, por la justicia que implementó Néstor en cada condenado genocida por delitos de lesa humanidad, y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”.

A su turno, la diputada nacional electa por Buenos Aires Fernanda Díaz juró “por Cristina Fernández de Kirchner, que es inocente y tiene que estar libre junto a su pueblo”.
En tanto, Julieta Campo prestó juramento “por el pueblo de Chaco, por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”.
Seguidamente, Alejandrina Borgatta juró “por la provincia de Santa Fe, por toda la militancia peronista, por Néstor y por Cristina libre”.

Sobre el final, el porteño Javier Andrade juró en reemplazo de Itai Hagman, quien previamente había renunciado a los dos años que le quedaban como diputado (para iniciar un nuevo ciclo de cuatro años, tras ser electo nuevamente en octubre pasado).
”Por la memoria de Perón, Evita, de Néstor Carlos Kirchner, por los detenidos desaparecidos que son 30 mil, ahora y siempre, y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, juro”, expresó el ex legislador porteño de La Cámpora.
“En muchos casos el problema está en la Justicia. Tiene que tener una mirada pro-empleo, pro-generación de trabajo y no una mirada que lo único que hace es destruir la fuente de trabajo e impedir que la gente invierta en la Argentina”, opinó la diputada Lospennato.
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Donald Trump fue contundente. Ya tiene en la mira al narco dictador Nicolás Maduro. Esta tarde, a la salida de la reunión de gabinete en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos confirmó que “los ataques comenzarán muy pronto. En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que tienen. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven los malos.” Y agregó que “cualquier país que trafique droga hacia los Estados Unidos está sujeto a ataques”.
La información pura y dura es de alto impacto regional. El gobierno de los Estados Unidos ya declaró al Cartel de los Soles como “organización terrorista internacional”. Y denuncia como su líder a Nicolás Maduro, el actual narco dictador que sojuzga a Venezuela. La definición de la administración de Donald Trump, iguala a Maduro con los jefes del Estado Islámico, Al Qaeda o Hamás.
Por lo tanto, la verdad descarnada es que ahora Trump tiene licencia para matar a Maduro. Está habilitado para impulsar todo tipo de acciones militares para combatir a la conducción de Venezuela que también involucra al cerebro de todo que es Diosdado Cabello. El sucesor de Hugo Chávez está más podrido que maduro. Trump lo tiene en la mira. El Pentágono está, con el dedo en el gatillo.
Dicen que la charla telefónica que tuvieron fue la última advertencia para que renuncie y se abra un proceso de transición que recupere la democracia en Venezuela y que combata seriamente a los narcos. Así de grave es la cuestión.
Trump ya hundió más de 20 lanchas que transportaban cocaína y eso produjo la muerte de más de 70 personas. El Caribe está inundado de barcos de guerra norteamericanos. Y del impresionante porta aviones Gerald Ford, el más grande del mundo. ¿Desembarcarán en territorio venezolano? Difícil. ¿Eliminarán en forma selectiva a Maduro y Diosdado? Obviamente, es imposible saberlo. Pero nada puede descartarse si se trata de Trump.
El gobierno de Javier Milei se sumó a la movida y en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, exigió que se dispare en forma inmediata la orden de captura a Maduro por sus crímenes de lesa humanidad. El chavismo solo produjo miseria y corrupción. Hay 9 millones de exiliados. Gente que huyó de la irracionalidad económica generadora de pobreza, alrededor de mil presos políticos, censura, represión brutal, torturas en el Helicoide, un gendarme argentino como Nahuel Gallo detenido desaparecido y el latrocinio más grande de la humanidad: se robaron 600 mil millones de dólares.
Y la mayoría de los ladrones pertenecen al generalato que sostiene a la dictadura con sus fusiles. Tal vez por eso, la heroína María Corina Machado, premio Nobel de la paz, hace unos días dirigió su discurso a los uniformados.
Y pensar que a este fascismo de izquierda, a esa tiranía atroz y criminal, el diputado electo Jorge Taiana lo llamó “democracia con fallas”. “Ignorancia auto inflingida”, como definió el periodista Juan Pablo Insalata. El cristinismo mantuvo relaciones carnales y corruptas con el chavismo y por eso nadie condena a esa dictadura, pero se escandalizan porque un militar como Carlos Presti será Ministro de Defensa.
El teniente general tenía 10 años cuando Videla instaló el terrorismo de estado en la Argentina. Nicolás Maduro hoy está en la misma lista de Osama Bin Laden, Kazen Soleimani y Pablo Escobar”.
Le recuerdo que Osama, líder de Al Qaeda y responsable del atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono, fue eliminado por Estados Unidos en su guarida en Pakistán.
Qasem Soleimani fue un general de división de Irán y la mano derecha del Ayatolah Ali Jamenei. El máximo jefe militar fue eliminado con drones norteamericanos hace 5 años, por orden de Trump.
Pablo Escobar Gaviria fue el líder absoluto del Cártel de Medellín que intentó escapar de su refugio pero recibió tres balazos que lo mataron. Entre otras versiones, se dice que la operación fue ejecutada por la Fuerza Delta norteamericana. La organización narco terrorista tiene ese nombre por los soles que el generalato chavista lleva en sus uniformes. Maduro tiene vínculos con grupos terroristas como Hezbollah y facilitó pasaportes venezolanos a agentes iraníes.
Y lo más inquietante, dicen que su permanencia en el poder representa una grave amenaza para la seguridad hemisférica de los Estados Unidos.
No hay que olvidar la estafa electoral más grande de la historia de Venezuela. Maduro se atribuyó el triunfo sin mostrar un solo papel.
Y la oposición liderada por María Corina Machado demostró con sus planillas que Eduardo González Urrutia había ganado por paliza las elecciones y era el presidente electo.
En aquella trampa y fraude estuvieron presentes argentinos ultra izquierdistas chavistas y kirchneristas, antisemitas sin votos, como Hugo Yasky, Daniel Catalano, Atilio Borón, Ariel Basteiro y Roberto Baradel. Todos apoyan a dictadores que violan sistemáticamente los derechos humanos como Maduro, Díaz Canel en Cuba o Daniel Ortega en Nicaragua.
Todo comenzó con la alianza de negocios sucios entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner.
El intercambio es impresionante y no se conoce lo suficiente. Los funcionarios de Jamenei, le proveyeron misiles y los drones de ataque más sofisticados que no tiene ningún otro país de la región. Pero lo más grave es el aporte que hace Maduro al desarrollo nuclear de Irán que en la guerra de los 12 días fue destruido parcialmente.
Venezuela, en forma clandestina, aporta toneladas de uranio para que Irán los pueda enriquecer. El gobierno de los Kirchner también envió tecnología nuclear a Irán por intermedio de Hugo Chávez. Ese fue el germen del tenebroso pacto con Irán que les dió impunidad a los autores intelectuales y materiales de haber dinamitado la AMIA y la embajada de Israel.
El “tiranozuelo” Maduro sabe que puede terminar preso, o algo peor. En su momento, acusó al presidente Javier Milei de ser un “mal parido nazi fascista”.
Todos los caminos del narco terrorismo conducen a Maduro. Y Trump lo tiene en la mira.
Editorial de Alfredo Leuco en LN+
La iniciativa incluye imprescriptibilidad de abusos, más prisión efectiva, nuevos delitos digitales y castigos ambientales.
El Gobierno envió finalmente al Congreso la reforma integral del Código Penal, un proyecto que busca endurecer el sistema punitivo argentino después de más de un siglo sin una actualización completa del texto de 1921.
La iniciativa modifica penas, crea nuevas figuras delictivas y amplía el margen de prisión efectiva para los delitos considerados más graves, desde homicidios hasta corrupción estatal.
La presentación estuvo a cargo de Patricia Bullrich y Manuel Adorni, quienes remarcaron que el nuevo código apunta a terminar con la “puerta giratoria” y garantizar que “el que la hace, la paga”. Uno de los ejes centrales es la imprescriptibilidad de delitos como abuso sexual, homicidios agravados, trata de personas y delitos vinculados al narcotráfico, lo que implica que podrán investigarse sin límite temporal.
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Otro punto destacado es el aumento de penas y la ampliación de los casos con prisión efectiva, que según el Gobierno alcanzará al 82% de los delitos. El Ministerio de Justicia explicó que el cambio clave consiste en elevar los mínimos actuales para evitar condenas excarcelables, especialmente en robos, homicidios y delitos sexuales.
El proyecto también incorpora agravantes específicos, nuevas herramientas para perseguir el crimen organizado, y cambios profundos en materia digital, ambiental, vial y económica. La reforma incluye 22 áreas centrales que redefinen el alcance del sistema penal argentino.
El proyecto está destinado a gravar las emisiones generadas por la ganadería. La iniciativa despertó un rechazo inmediato de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
La propuesta de crear una “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)”, impulsada por la diputada Lucía Klug, llegó al debate público con la misma sorpresa que genera descubrir un nuevo impuesto en la boleta de luz. Esta vez, el foco no está en el consumo humano sino en las vacas, acusadas formalmente de emitir demasiados gases y, en consecuencia, convertirse en una amenaza climática con pezuñas. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) reaccionó de inmediato, probablemente preguntándose en qué momento el país pasó de discutir impuestos al champagne a gravar eructos bovinos.
En un ida y vuelta televisado, Klug defendió la iniciativa apelando a convenciones internacionales y estudios científicos que señalan al metano como una de las emisiones más relevantes del calentamiento global. Para la legisladora, no se trata simplemente de recaudar —faltaba más—, sino de “una herramienta ambiental”. Aseguró que la producción ganadera, aunque esencial para alimentar a la población, potencia procesos naturales que terminan impactando en el ambiente. En otras palabras: un debate “complejo”, donde la naturaleza hace lo suyo… pero igual habría que cobrar una tasa.
Del otro lado, el presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, decidió responder con cifras más terrenales. Recordó que, cuando se mira el aporte total de gases de efecto invernadero, el agro representa alrededor del 20%, y dentro de ese porcentaje, la ganadería bovina apenas aporta entre el 10% y el 12%. Industria, energía y transporte superan holgadamente el 70%, pero, según ironizó, la lupa siempre termina enfocada en “la vaca como problema”. El dirigente insistió en que el ciclo natural del metano bovino se renueva y se reabsorbe, a diferencia del CO₂ generado por combustibles fósiles, que queda de recuerdo en la atmósfera durante décadas.
Kovarsky fue aún más lejos y explicó que el sistema digestivo de los bovinos —ese que hoy se busca tasar— es un mecanismo biológico único que convierte pasto en proteína de alto valor, algo que ninguna industria, app o emprendimiento de biotecnología logró replicar. Para completar el cuadro, recordó que en Argentina la mayoría de la producción es a pasto, no en feedlots intensivos como en otros países. Pero aun así, la discusión parece decidida a convertir a la vaca en el villano climático del año.
A esta descripción, la diputada Klug replicó que, aunque la ganadería no sea el mayor contaminante, eso no significa que esté exenta de responsabilidad. Enumeró ejemplos de otros sectores donde ya existe la “responsabilidad extendida del productor” y destacó casos de reconversión energética, como un feedlot que implementó una planta de biogás. Para la legisladora, la TAMBA sería apenas una forma de comenzar un camino regulatorio inevitable. Para los productores, sería más bien el inicio de una cruzada tributaria digna de un sketch.
En el fondo, la discusión revela una tensión bastante argentina: cómo transformar un problema ambiental real en un nuevo capítulo del eterno manual de tasas, gravámenes y “herramientas” que empiezan como medidas temporales y terminan grabadas en la estructura impositiva nacional. Esta vez, sin embargo, el debate tiene un toque surrealista: decidir si la próxima factura rural incluirá un renglón nuevo que diga, sencillamente, “metano: tanto por cabeza”.