El proyecto está destinado a gravar las emisiones generadas por la ganadería. La iniciativa despertó un rechazo inmediato de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
La propuesta de crear una “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA)”, impulsada por la diputada Lucía Klug, llegó al debate público con la misma sorpresa que genera descubrir un nuevo impuesto en la boleta de luz. Esta vez, el foco no está en el consumo humano sino en las vacas, acusadas formalmente de emitir demasiados gases y, en consecuencia, convertirse en una amenaza climática con pezuñas. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) reaccionó de inmediato, probablemente preguntándose en qué momento el país pasó de discutir impuestos al champagne a gravar eructos bovinos.
En un ida y vuelta televisado, Klug defendió la iniciativa apelando a convenciones internacionales y estudios científicos que señalan al metano como una de las emisiones más relevantes del calentamiento global. Para la legisladora, no se trata simplemente de recaudar —faltaba más—, sino de “una herramienta ambiental”. Aseguró que la producción ganadera, aunque esencial para alimentar a la población, potencia procesos naturales que terminan impactando en el ambiente. En otras palabras: un debate “complejo”, donde la naturaleza hace lo suyo… pero igual habría que cobrar una tasa.
Del otro lado, el presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, decidió responder con cifras más terrenales. Recordó que, cuando se mira el aporte total de gases de efecto invernadero, el agro representa alrededor del 20%, y dentro de ese porcentaje, la ganadería bovina apenas aporta entre el 10% y el 12%. Industria, energía y transporte superan holgadamente el 70%, pero, según ironizó, la lupa siempre termina enfocada en “la vaca como problema”. El dirigente insistió en que el ciclo natural del metano bovino se renueva y se reabsorbe, a diferencia del CO₂ generado por combustibles fósiles, que queda de recuerdo en la atmósfera durante décadas.
Kovarsky fue aún más lejos y explicó que el sistema digestivo de los bovinos —ese que hoy se busca tasar— es un mecanismo biológico único que convierte pasto en proteína de alto valor, algo que ninguna industria, app o emprendimiento de biotecnología logró replicar. Para completar el cuadro, recordó que en Argentina la mayoría de la producción es a pasto, no en feedlots intensivos como en otros países. Pero aun así, la discusión parece decidida a convertir a la vaca en el villano climático del año.
A esta descripción, la diputada Klug replicó que, aunque la ganadería no sea el mayor contaminante, eso no significa que esté exenta de responsabilidad. Enumeró ejemplos de otros sectores donde ya existe la “responsabilidad extendida del productor” y destacó casos de reconversión energética, como un feedlot que implementó una planta de biogás. Para la legisladora, la TAMBA sería apenas una forma de comenzar un camino regulatorio inevitable. Para los productores, sería más bien el inicio de una cruzada tributaria digna de un sketch.
En el fondo, la discusión revela una tensión bastante argentina: cómo transformar un problema ambiental real en un nuevo capítulo del eterno manual de tasas, gravámenes y “herramientas” que empiezan como medidas temporales y terminan grabadas en la estructura impositiva nacional. Esta vez, sin embargo, el debate tiene un toque surrealista: decidir si la próxima factura rural incluirá un renglón nuevo que diga, sencillamente, “metano: tanto por cabeza”.
