Los sueldos de los nuevos jueces que busca nombrar el presidente rondan los $400 mil por mes.
En medio del fuerte repudio social contra el proyecto de reforma judicial K, jueces, fiscales y dirigentes de la oposición advirtieron por el excesivo gasto que demandará esta iniciativa en caso de aprobarse. Se estiman unos 5000 millones de pesos anuales que provienen de la creación de unos 279 nuevos cargos, lo que implica otro enorme esfuerzo económico para el Estado argentino en una crisis asfixiante y mientras se complica la renegociación de la deuda.
Un grupo de magistrados federales de Comodoro Py analizó en conjunto el proyecto anunciado por el Poder Ejecutivo y llegó esa evaluación a partir del costo de los nuevos salarios que implicarían las designaciones.
Los sueldos, excepto por los de los magistrados con rango de camaristas, rondan un promedio de $400.000 en la mayoría de los casos, un monto que supone unos 111.600.000 pesos mensuales, solamente en los salarios de esos cargos, casi unos 1400 millones de pesos anuales.
Ese número, sin embargo, no contempla salarios del personal ni la infraestructura que se requeriría para los secretarios y el personal a cargo de esas dependencias. La variable de la infraestructura edilicia es relevante, ya que hoy no hay lugar para instalar juzgados nuevos en Py. Por eso, quienes mencionaron un costo aproximado de 5000 millones de pesos anuales consideraron el posible costo de la implementación del nuevo Código Penal Acusatorio, la ampliación de infraestructura para instalar las nuevas dependencias y los salarios de los magistrados y de su personal a cargo para llegar a esa cifra.
Fuentes oficiales que trabajaron en la redacción del proyecto dijeron que todavía están bajo estudio los números relativos al tema infraestructura. La ministra de Justicia Marcela Losardo, consideró este fin de semana que “no es un costo tan alto”. “El costo no tiene que ser el árbol que no nos deje ver el bosque, el costo mayor es una Justicia que no nos da resultado“, consideró la funcionaria, quien deberá defender las cifras en el Congreso.
