Responde al programa “Regularización del Empleo Público” e implica aumentar la nómina en cerca de 23%. El año pasado se abrieron 10.500 vacantes. Repudio de la oposición.
El año pasado el Gobierno puso en marcha un programa llamado “Regularización de Empleo Público”, a cargo de la secretaría que lleva el mismo nombre, el cual consiste en el pase a planta permanente de decenas de miles de trabajadores del sector público que hasta ahora estaban contratados con una modalidad transitoria.
El programa, que fue consensuado con los gremios de Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) y de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) -que reclaman este tipo de medidas hace tiempo- contempla a personas con cinco o más años de antigüedad. En total, ahora se prevé la incorporación de 29.000 personas a la planta permanente.
De acuerdo con la Base Integral de Empleo Público, los empleados de la administración central -que incluye a la Presidencia, sus dependencias, los ministerios, secretarías, oficinas dependientes entes y organismos descentralizados, como el Indec, con excepción de las fuerzas armadas y de seguridad- ascendieron a 194.237 en febrero de este año. Dentro de este universo, cerca de dos tercios (127.040) forman parte de la planta permanente. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) -dentro del cual se realizarán los concursos- los números se invierten, con 20.388 personas (31%), aproximadamente, dentro del registro.
Según reveló La Nación, el Gobierno buscará pasar 29.000 de las 46.178 dentro del Sinep a planta permanente. Las nuevas incorporaciones la aumentarían en casi 23%. En total, la administración pública nacional, que representa al Poder Ejecutivo Nacional, emplea a 481.412 personas. De manera que las personas que pasarán a planta permanente representan un 6% de ese número.
El ingreso promedio de los trabajadores que pasarían a conformar la planta permanente es un salario bruto que se ubica en las bandas entre $63.000 y $70.500 y el 65% de los que se sumarán desempeñan funciones en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con Cippec.
La decisión oficial (449/2021) contiene un anexo de 67 páginas con el detalle de cuántas personas se buscan incorporar a cada área. Los que mayor cantidad de empleados efectivos sumarán son, en orden: el Ministerio de Trabajo (829), el Ministerio de Desarrollo Social (727), la Dirección Nacional de Migraciones (689), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (631) y el Renaper (484).
El plan se pensó en etapas, a partir de un relevamiento realizado en 2020. Durante el transcurso de 2021, se abrieron 10.500 vacantes en 80 organismos y jurisdicciones, de acuerdo con un informe interno de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, a cargo de Ana Castellani, elaborado en diciembre del año pasado. También se activaron 1101 cargos pendientes desde 2019 en 10 organismos. De estos, 1457 ya finalizaron sus concursos, 819 fueron evaluados y 2212 estaban en proceso. Se prevén para este año 8136 incorporaciones.
En los últimos meses, se aceleraron los llamados a convocatoria de distintos organismos, a través de resoluciones oficiales. El viernes pasado, por ejemplo, se abrieron cinco cargos en el Instituto Nacional del Agua. El día anterior, para 180 personas en el Ministerio de Turismo y Deportes y, el lunes, 154 vacantes en la Anmat, que depende del Ministerio de Salud.
Desde la Secretaría que los pases a planta permanente no tendrán efectos en el gasto público debido a que no variarían los salarios de los trabajadores, aunque fuentes especializadas mencionaron que este cambio permite el cobro de adicionales o suplementos. Además, se estarían priorizando aquellos que tienen diez años o más de antigüedad, es decir, que ingresaron al Estado en 2012, o antes.
Todas las etapas de los procesos (la preparatoria, de inscripción vía web y carga de documentación, distintas evaluaciones y finalmente tramitación y designación) se realizan mediante la plataforma Concursar 2.0, creada por el Gobierno en 2021, que permite hacer concursos y promociones en forma digital.
Un estudio del Centro de Estudios en Comunicación Aplicada (Cecap) de la Universidad Austral reveló que seis de cada 10 argentinos prefieren trabajar en el sector público, por sobre el privado. Las muestras son aún más claras cuando se hace la apertura por sectores de ingresos o de edad: el 66% de quienes tienen entre 18 y 29 años y el 73% de aquellos que se ubican entre 30 y 44, frente al 29% y 22%, respectivamente, que se inclinó por el mundo de las empresas.
Los entrevistados mencionan “la estabilidad como una de las principales cualidades del empleo público frente a la incertidumbre que genera el empleo privado en cuanto a garantizar la permanencia laboral”, indica el informe.
