Mientras se debate en el Congreso la nueva fórmula de movilidad, el Gobierno prepara otro incremento a dedo para el mes de septiembre.
El Gobierno anunciará en los próximos días el aumento de los haberes que debe aplicarse para el trimestre septiembre, octubre y noviembre. Tal como se hizo en marzo y junio, el alza será fijado por un DNU mientras tanto la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional del Congreso sigue debatiendo la fórmula de movilidad de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales.
Según trascendió, el incremento será un porcentaje que se aplicará por igual a todos los beneficiarios sin diferenciar quien gana más o menos, como se hizo en junio, a diferencia del de marzo que fue discriminado según los rangos de haberes.
En la Casa Rosada aguardan que antes de la suba de diciembre ya esté aprobada por el Congreso la nueva fórmula de movilidad. El aumento por decreto que firmará el Presidente Alberto Fernández sustituirá al de la fórmula suspendida que, de acuerdo a la evolución de la inflación y salarios del primer trimestre de este año, arroja un aumento del 9,88% para septiembre-noviembre en todos los rangos de haberes del régimen general.
En cambio, la inflación del segundo trimestre– abril, mayo y junio- fue del 5,3%, pero se descuenta que durante el tercer trimestre sería muy superior, del orden del 9%. Por eso se estima que el aumento podría ubicarse entre esos dos porcentajes.
Inicialmente, la suspensión de la fórmula de movilidad fue por 6 meses con la expectativa de tener lista una nueva para septiembre. Pero a mediados de junio, con el argumento de que la pandemia distorsionó la realidad económica y social del país, a través del Decreto 542/2020, el Gobierno prorrogó por decreto esa suspensión hasta el 31 de diciembre de este año fijando que el Poder Ejecutivo determinará los aumentos de los haberes “con el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos”.
El DNU también extendió la labor de la Comisión integrada por miembros del Poder Ejecutivo y del Congreso que debe proponer un proyecto de ley con una fórmula alternativa y las pautas de actualización de las prestaciones de los regímenes especiales, como el de docentes, docentes universitarios, investigadores científicos.
Con la fórmula suspendida, el aumento de septiembre debería ser del 9,88%, como producto del 70% del IPC – 4,4% -y el 30% salarios (RIPTE) –5,48%- del primer trimestre de este año. Estas cifras no incluyen los bonos extraordinarios que recibieron las jubilaciones y pensiones más bajas porque no se integraron a los haberes mensuales con lo que sus efectos se diluyen en el tiempo, y porque compensaron una parte de la pérdida jubilatoria del 20% durante el Gobierno anterior.
Con información de Clarín
