Carlos Beraldi, junto a otros juristas, serán consultados por el presidente Alberto Fernández para diseñar cambios en el sistema judicial.
El Consejo Asesor de la nueva reforma judicial que impulsa el Gobierno estará integrado por nueve juristas de renombre, reconocidos por su trayectoria en el ámbito académico, en los Tribunales y la Casa Rosada. El Presidente Alberto Fernández aplicó un método de elección basado en la excelencia profesional, el género, los vínculos ideológicos con Cristina Fernández de Kirchner y sus propias relaciones personales.
Paradójicamente, el armado de este grupo fue coordinado por el actual defensor de Cristina Fernández de Kirchner en todos los casos de corrupción que afronta: Carlos Alberto Beraldi. Y lo hizo en consulta permanente con el Presidente y su Vice y algunos de los influyentes en el área de justicia del Gobierno nacional.
Entre las cuestiones que analizarán los notables aparecen la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el recurso extraordinario y el juicio por jurados. Sobre esas propuestas, según ha trascendido desde el gobierno nacional, deberán expedirse los expertos.
En la nómina -aún no cerrada- se encuentra Hilda Kogan, quien desde el año 2002 integra al Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Antes había sido jueza federal de la seguridad social y jueza del fuero laboral de la justicia nacional.
Otras dos mujeres que integran los tribunales Superiores de provincias serían parte del Consejo. Una de ellas es María del Carmen Battaini quien forma parte del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego. Y también Claudia Sbdar, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán. Fue la primera mujer elegida para presidir el más alto Tribunal tucumano.
Otro nombre que trascendió fue el del histórico penalista León Carlos Arslanián, quien fuera mentor y socio de Beraldi, y uno de los jueces de la Cámara Federal que condenó a las Juntas Militares. Siempre ligado al peronismo ocupó cargos tanto en la Nación como en la Provincia de Buenos Aires, y en los últimos tiempos tuvo a su cargo defensas como las de Alejandra Gils Carbó y Ricardo Echegaray, ambos procesados.
Enrique Bacigalupo -otro jurista que estaría en el Consejo- es una de las más grandes figuras del Derecho argentino. Fue Procurador del Tesoro entre 1973 y 1974. Partió al exilio en España antes de la dictadura y en aquel país llegó a integrar la Sala Penal del Tribunal Constitucional español.
También sería incorporado el constitucionalista conservador Néstor Sagüés, profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina y presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.
Además se sumaría Andrés Gil Domínguez, abogado litigante, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, La Pampa y Salamanca, director del Instituto del derecho constitucional del colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Con información de Infobae
