El Gobierno implementa controles de presentismo ante reclamos salariales; los trabajadores de la salud denuncian salarios bajos. Qué negocian ambas partes.
El Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más importantes del país, atraviesa una creciente tensión entre el Gobierno nacional y su plantel de trabajadores. Las demandas por mejoras salariales se cruzan con nuevas políticas de control impulsadas por las autoridades, generando un debate sobre la eficiencia en el uso de los fondos y el manejo institucional.
En los últimos días, el Ministerio de Salud anunció la implementación de un sistema de control biométrico en el hospital, con el objetivo de auditar la asistencia y los horarios del personal. Esta medida fue presentada como una herramienta para detectar posibles irregularidades y mejorar el rendimiento administrativo. A su vez, se estudia un incentivo económico por productividad, aunque aún no se definieron los criterios para su aplicación.
El vocero presidencial Manuel Adorni defendió las acciones del Gobierno al afirmar que se busca “ordenar las cuentas” del hospital tras años de crecimiento en los cargos jerárquicos. Además, puso el foco en lo que considera una sobrecarga de personal administrativo en relación al número de profesionales médicos, lo cual –sugirió– dificulta una distribución adecuada de los recursos.
“No es cierto que el Garrahan esté desfinanciado. El problema es que el dinero no está yendo donde debería”, afirmó Adorni. Desde el Gobierno también minimizaron las denuncias sobre renuncias masivas, indicando que durante 2025 se registraron solo 70 desvinculaciones y que los puestos médicos pueden ser reemplazados sin afectar la atención.
En el otro extremo del conflicto, los trabajadores del hospital denuncian una crisis salarial que está llevando a muchos médicos a migrar al sector privado. Los residentes, en particular, denuncian sueldos de $797.061 mensuales por turnos que superan las 60 horas semanales, situación que consideran insostenible y perjudicial para la calidad de atención.
Esteban Argañaraz, delegado de ATE en el hospital, salió al cruce de las declaraciones oficiales, asegurando que la proporción de personal asistencial es mayor que la de administrativos, y que los datos que maneja el Ejecutivo no reflejan la realidad interna del hospital.
Pese a las tensiones, el presupuesto operativo del Garrahan tuvo un fuerte incremento en 2024, con un salto del 244%, pasando de $48.000 millones a $165.000 millones, cifra que se mantendría estable durante 2025. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que el problema no es de fondos sino de gestión eficiente y prioridades en el gasto.
Por ahora, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, lo que frenó las medidas de fuerza que llevaban adelante los residentes. Sin embargo, el conflicto sigue latente: los médicos exigen una reunión urgente con el Ministerio de Salud, mientras el Gobierno insiste en reducir gastos en áreas como seguridad y medicamentos, y profundiza el control del ausentismo y productividad del personal.
FUERTES RECLAMOS
El jefe de clínicas de la sala de cuidados intermedios y moderados del Garrahan, Pablo Puccar, cuestionó los números que expuso el Ministerio de Salud respecto a la composición de la planta, y cargó contra el Gobierno Nacional por la situación de los trabajadores de la institución pediátrica.
“Encima de pagarte muy poco tratan de ensuciarte…la gente se cansa, tenemos límites”, planteó en declaraciones aSplendid AM 990, y sumó: “Sé que le estamos dando el gusto de destruir al hospital nosotros mismos yéndonos, pero no se puede más”.
Tras las explicaciones del la vice ministra de Salud, Cecilia Loccisano, que atribuyó la situación a un “desorden administrativo” del hospital, Puccar retrucó: “Dice que hay 780 administrativos y 500 médicos, y la planta del Hospital Garrahan es de 4728 personas, esto está en la página, no lo estoy inventando”.
“De la parte asistencial, no solo hay médicos, están los quinesiólogos que son fundamentales, los enfermeros que sin ellos no podríamos trabajar, el equipo de salud mental del hospital, técnicos, biólogos… eso forma 3200 empleados de la parte asistencial, y solo el 20%, o un poquitito menos,18% es la parte administrativa”, detalló.
Puccar es jefe de sala de internación en el Garrahan y trabaja con niños de entre un mes a 18 años que necesitan respiración a través de aparatos artificiales. “Trabajamos con tanta gravedad que sufrimos el fallecimiento de nuestros pacientes. Convivimos todo el tiempo con decirle a los papás diagnósticos que son terribles”, contó.
En otro pasaje de la entrevista con el periodista Antonio Llorente, el médico planteó: “Si hay cosas para revisar, bienvenidos sean, que las revisen, que las hagan, pero estos argumentos que utilizan para ensuciar evidentemente son para que eso no pase”.
“No conozco a los 500, 600 de la parte administrativa. Las secretarias que trabajan en la parte de internación, donde asisten a 300 chicos internados, son 2 y son fundamentales. Sin ellas hay un montón de cosas administrativas que no las podríamos hacer. Las veo entrar a las 8 de la mañana e irse a las 4 de la tarde”, destacó.
El jefe de clínicas relativizó además los anuncios del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien anticipó la implementación de un sistema biométrico para chequear los horarios de asistencia del personal y el porcentaje de presentismo de los trabajadores.
“Todos los días cuando ingresamos pasamos una tarjeta cuando entramos y una cuando salimos. Tenemos una ficha que figura en nuestro legajo el horario de entrada y el horario de salida, pongo a disposición mi portal del empleado para que se puedan mirar las fichadas y no tenemos ningún problema”, retrucó.
Asimismo, cargó contra la administración libertaria al sostener que el personal médico se siente herido “en lo moral” desde hace más de un año, y sostuvo que las respuestas de la gestión aceleraron el éxodo de profesionales de la institución. “Entre todo el 2024 y lo que va del 2025, recibimos un 20,6% de aumento, mientras la inflación debe estar por arriba de 100%, eso están también en la página del hospital”, aseveró.
“No queremos pelear con nadie, queremos salvar al hospital de la fuga de profesionales que está habiendo”, insistió, y añadió: “Tengo que estar estudiando para la licenciatura que estoy haciendo y no el convenio colectivo de trabajo. No entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué nos están acorralando de esa forma”.
Por último, realizó un llamado a las autoridades del Gobierno Nacional y los invitó a conocer de primera mano la situación que atraviesa la institución y a detectar “los ñoquis” que el ministerio señala. “Hace un año y medio que están gobernando…vengan, les abrimos la puerta, entren, díganme quiénes son. Los que estamos en el hospital no queremos que nadie esté robando. Ahora, si después de un año y medio lo único que tienen para decirnos es lo mismo que hace un año atrás…”, planteó.
“Estamos cansados, la verdad, no nos cabe duda que están yendo de vuelta para el mismo lado y que esto no va a tener solución”, concluyó el personal de salud.
