Gabriel Solano y Eduardo Belliboni son acusados de apropiarse del 2% de los haberes que reciben los beneficiarios del Potenciar Trabajo.
El fiscal federal Guillermo Marijuan denuncio al legislador porteño Gabriel Solano del Partido Obrero y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO) por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.
En los fundamentos, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 9 reproduce las declaraciones periodísticas de Solano quien aseguró que “en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. El Potenciar Trabajo son $19.000, estamos hablando de $380″.
En su relato, Marijuan razona que el diputado porteño “admitió que un porcentaje de la asistencia se destinaría a la organización”.
Según informa Infobae, horas después de ese reconocimiento, la Mesa Directiva del Polo Obrero, a través de Belliboni, confirmó el hecho. Según su versión se trata de “un aporte voluntario votado en las asambleas” y que en esas mismas reuniones “se rinde cuentas sistemáticamente sobre los ingresos y gastos y se aprueba colectivamente el destino de los recursos que son de todas y todos los compañeros”.
El PO tiene unos 60.000 afiliados que son beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. Si a cada uno se le retiene, ya sea de manera compulsiva o voluntaria, la suma de $380 el saldo sería de unos 22.800.000 pesos mensuales. La cifra anualizada, tal como publico este medio de manera exclusiva, ascendería a 273.600.000 pesos.
Para el fiscal federal las circunstancias “fácticas” descriptas son suficientes para entender que “existen elementos de entidad suficientes para formular la correspondiente denuncia penal en orden a la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los artículos 149 bis y 168, ambos del Código Penal, sin perjuicio de que el avance de la pesquisa permita encuadrar las conductas ilícitas en otros tipos penales”
El primer artículo corresponde al delito de amenazas, que es reprimido con una pena de seis meses a dos años de prisión; el segundo a corresponde al delito de “extorsión” cuya pena es de “reclusión o prisión de cinco a diez años”.
En su presentación judicial, Marijuan entiende que se debe “determinar en definitiva la comisión de los hechos denunciados, puesto que muchas personas en estado de necesidad serían obligadas a hacer determinadas acciones o a entregar parte del dinero público que reciben de los planes sociales a dirigentes de distintas organizaciones sociales y políticas”.
En el escrito, el fiscal entiende que hay motivos suficientes para investigar “las presuntas conductas delictuales en que podrían estar incurriendo Gabriel Solano y Eduardo Belliboni -sin perjuicio de la complicidad o participación de otros individuos-”.
Como medidas de prueba Marijuan solicitó que: “Se libre oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral, denominado ‘Potenciar Trabajo’, fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020″.
También pidió que se haga saber “si en tales organismos estatales se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos o si se efectuaron las correspondientes denuncias en sede judicial”.
