La vicepresidenta era acusada de llevar adelante una maniobra por la que el Banco Central perdió millones de dólares, entre agosto y noviembre de 2015.
Como era de esperar, la Sala I de la Cámara federal de Casación Penal dejará de investigar a Cristina Kirchner y Axel Kicillof en la causa del dólar futuro gracias al voto unánime de los tres jueces de la cámara Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. La vicepresidenta y el entonces ministro de Economía estaban a la espera de la definición que podía haberlos llevado a enfrentar un juicio oral.
También decidieron sobreseer a otros 13 acusados, incluidos el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli, y su actual presidente Miguel Ángel Pesce, todos apuntados por haber defraudado al Estado a través de las operatorias de venta de dólar futuro entre agosto y noviembre de 2015.
Un mes atrás la exmandataria había pedido el sobreseimiento a través de un extenso discurso en el que apuntó al poder judicial, al que tildó de ser “un sistema podrido y perverso”, e incluyó una fuerte defensa política en la que arremetió contra el expresidente Mauricio Macri, entre varios exfuncionarios y opositores.
El fallo añade, como sucede en cada sobresemiento: “Dejar a salvo el buen nombre y honor del que gozaren los nombrados en este proceso”.
El caso
A fines de 2015, con las elecciones presidenciales ya perdidas, el mercado y los agentes económicos descartaban una devaluación ya que el candidato ganador había anunciado en campaña que eliminaría el cepo al dólar. Aún con ese escenario, el Banco Central comandado en ese entonces por Vanoli, vendía contratos de dólar futuro al precio oficial de aquellos días. Cuando se concretó el cambio de Gobierno y el tipo de cambio se disparó, el Estado perdió sumas millonarias. Se estima que la operatoria le costó US$17 mil millones al Central.
Las defensas sostenían que no debía haber juicio porque no hubo ningún perjuicio para el Estado. Se basaron en una pericia que realizó el cuerpo de contadores de la Corte Suprema de Justicia en la que analizaron los balances del Banco Central de 2015 y 2016, y en la se reportaron ganancias. En ese sentido, hablan de una “absurda acusación” y apuntan a que el verdadero perjuicio para el Estado lo provocó el gobierno de Macri al pagar esos contratos después de una devaluación.
