La vicepresidenta se encuentra procesada y elevada a juicio. Es acusada por maniobras de encubrimiento en la investigación por el atentado de la AMIA tras la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió la nulidad de la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, por la que está procesada y elevada a juicio, acusada por maniobras de encubrimiento en la investigación por el atentado de la AMIA.
El pedido, difundido por la vicepresidenta en sus redes sociales, está basado en que los jueces de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que intervinieron en ese expediente, visitaron la Quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri.
Cristina y su abogado Carlos Beraldi pidieron que se realice una audiencia pública para que los acusados expongan sus argumentos para ser sobreseídos, y que esa audiencia sea transmitida por los medios de comunicación. Buscan que todas las intervenciones y fallos de estos dos jueces en la causa por el pacto con Irán sean anulados.
En ese expediente, que está en etapa de juicio oral, pero sin fecha de inicio para el proceso, ya había planteado la nulidad el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, apenas se conocieron las visitas de los jueces a Olivos. Se sumaron a esos planteos y a la recusación de ambos magistrados los acusados Luis D’Elía y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abonna.
La vicepresidenta basó su planteo en los “permanentes encuentros y reuniones en Olivos y la Casa Rosada entre Mauricio Macri y los jueces Hornos y Borinsky”. Ellos firmaron, en diciembre de 2016, el fallo que dejó sin efecto la desestimación de la denuncia formulada por el fiscal Alberto Nisman.
“Si un juez mantiene reuniones con el presidente de la Nación y al mismo tiempo interviene y decide en una causa sobre la que el mismo presidente de la nación está interesado, según surge de sus manifestaciones públicas, ¿puede realmente ese juez ser independiente e imparcial? Claramente no”, planteó Cristina Kirchner, y calificó a la causa como un proceso “de los más escandalosos de nuestra historia”.
Esta causa está en el Tribunal Oral Federal N° 8, integrado por los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado, que debe fijar fecha para el juicio oral. El caso se inició por la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y sus funcionarios.
“Solicitamos que se deje sin efecto el auto de citación a juicio y se disponga el sobreseimiento de todas las personas que han sido injustamente imputadas en este proceso, con expresa mención de que la formación de esta causa en nada afecta su buen nombre y honor”, planteó Beraldi en el escrito, y pidió que “tal mención alcance a Héctor Timerman”.
El juez de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky quedó en la mira del kirchnerismo al revelarse que visitó en reiteradas oportunidades la quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri. También quedó en la mira Hornos, cuyas visitas a la Casa Rosada habían trascendido un mes antes que las de Borinsky.
“La actuación que han desarrollado en este proceso los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, importó una severa afectación a la garantía del juez natural, la cual se extiende a todas las resoluciones dictadas por dichos magistrados, así como también a los demás actos procesales que guardan conexión con las mismas”, argumentó Beraldi.
