El Gobierno activó un temario acotado hasta el 27 de febrero, con proyectos que considera clave y negociaciones abiertas con gobernadores y aliados. Los reclamos que pueden complicar los planes de la Casa Rosada.
El Congreso arranca este lunes el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei, que se extenderá hasta el 27 de febrero. La agenda está dominada por dos proyectos sensibles: la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, en un contexto de negociaciones políticas intensas con gobernadores y bloques aliados, pero también de tensiones con sectores opositores y provincias afectadas por los cambios fiscales.
La convocatoria fue oficializada a través del Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero, que limita el debate exclusivamente a los proyectos incluidos en el temario. Con este marco, el Ejecutivo busca acelerar la sanción de sus iniciativas clave antes de la apertura de las sesiones ordinarias del 1° de marzo, reduciendo el margen de maniobra legislativo fuera de los temas habilitados.
Entre las iniciativas autorizadas figuran la Ley de Modernización Laboral, cambios en la Ley de Glaciares, la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y un eventual acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En los últimos días se sumó formalmente la Ley Penal Juvenil y se analiza incorporar una ley de emergencia por incendios en la Patagonia, reclamada por los gobernadores del sur y respaldada por el PRO.
La reforma laboral concentra el mayor nivel de conflicto, especialmente por su impacto fiscal. El punto más discutido es la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afectaría directamente la recaudación de las provincias. El proyecto propone bajar las alícuotas del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, lo que implicaría una merma estimada de $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones corresponden a fondos coparticipables. En promedio, las jurisdicciones perderían alrededor de $144.000 millones mensuales durante 2026.
Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza las conversaciones con los gobernadores, dentro del Gobierno conviven dos posturas: sostener el texto original o introducir cambios para asegurar los votos. El oficialismo apunta a obtener media sanción en febrero, aunque admite que el apoyo aún no está cerrado. En ese marco, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la iniciativa al afirmar que “fortalece los derechos de los trabajadores” y que busca incentivar el empleo formal.
Otro eje de discusión es la baja de la edad de imputabilidad, incluida en la Ley Penal Juvenil. La propuesta inicial del Ejecutivo es fijarla en 13 años, aunque en Casa Rosada reconocen que podría elevarse a 14 si no se alcanzan los consensos necesarios. El antecedente más cercano es el dictamen del año pasado en Diputados, que establecía penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores, en medio de advertencias por la falta de infraestructura para alojar a los menores.
En la antesala del debate, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada con la presencia de Manuel Adorni, Karina Milei, Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo para definir la estrategia parlamentaria. En paralelo, el kirchnerismo presiona a los gobernadores para frenar la reforma laboral y la CGT anticipó movilizaciones. El clima se tensó aún más tras los cruces públicos entre el Ejecutivo y el gobernador Axel Kicillof, lo que anticipa un debate cargado de confrontación política dentro y fuera del recinto.
