Mediante un DNU, introdujeron un nuevo marco legal que da luz verde a la transferencia de acciones
En un nuevo avance hacia la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), el Gobierno publicó este lunes un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructura el marco regulatorio de la empresa y autoriza el corte del servicio por falta de pago. El DNU 493/2025, difundido en el Boletín Oficial, reemplaza al decreto anterior de 2006, con el objetivo de adecuar el servicio a un “modelo de gestión no estatal”, más orientado a la inversión privada, según argumentó el Ejecutivo.
El texto oficial justifica la reforma en un contexto de “profunda crisis económica” y en la “limitada capacidad del Estado para sostener y expandir” la cobertura del servicio. Según el decreto, AySA enfrenta un creciente deterioro operativo y financiero que impide responder a la demanda de calidad y expansión del suministro de agua potable y desagües cloacales. La medida se enmarca en la estrategia del Gobierno de Javier Milei para reducir la presencia estatal y fomentar el ingreso de capitales privados.
Entre los puntos clave del decreto, se establece que la empresa podrá cortar el servicio por mora, se le otorgan facultades ampliadas para auditar obras dentro del área regulada, y se permite usar los fondos del contrato de concesión como garantía para acceder a financiamiento. Además, se define una nueva articulación entre el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA), que deberán reunirse periódicamente para coordinar sus funciones.
El Gobierno también dispuso la creación de un Plan Director de Mejora Estratégica, a cargo de la APLA, con el fin de establecer los criterios técnicos y estratégicos para la ejecución de obras básicas de infraestructura. Aunque no tendrá carácter vinculante, este plan funcionará como base para el plan de acción de la concesionaria y será evaluado cada cinco años. Deberá considerar factores como la densidad poblacional y viabilidad geográfica antes de aprobar nuevas inversiones.
Otro punto destacado es que el 90% del capital accionario de AySA quedará en manos del Ministerio de Economía, mientras que el 10% restante será destinado a empleados mediante el Programa de Propiedad Participada. En caso de conflictos entre el Estado y la concesionaria, se establece la posibilidad de acudir a arbitrajes definidos en el contrato, en lugar de resolverlos exclusivamente por vía judicial.
Finalmente, el decreto obliga a la empresa a presentar un informe anual al ERAS con el detalle de las actividades realizadas y planificadas para el año siguiente. El Gobierno defendió la urgencia de estas reformas para atraer inversiones, mejorar la calidad del servicio y garantizar su continuidad, aunque la autorización para cortar el suministro por deuda podría generar fuertes críticas sociales y políticas en medio de un contexto de ajuste económico.
