El kirchnerismo impuso su mayoría sobre Juntos por el Cambio, que cuestiona un artículo hecho “a medida” del empresario que evadió $8 mil millones en impuestos.
En una fugaz sesión, el Frente de Todos le dio luz verde al dictamen del proyecto de ley que establece una amplia moratoria de impuestos, a pesar de la queja de Juntos por el Cambio sobre convalidar los artículos que consideran un traje a medida del empresario Cristóbal López.
“Acá hay un caso claro que es el de Cristóbal López y no podemos obviar esto y aquel que tiene causas penales abiertas y se adhiere a la moratoria, zafa de las causas penales. No nos vamos a prestar a eso“, dijo Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires), al justificar la decisión del principal interbloque opositor de presentar un dictamen en minoría.
Mientras, el oficialismo cerró filas y anunció su intención de apurar el trámite del proyecto. “Queremos llevarlo al recinto en la próxima sesión por la urgencia que esto demanda”, sostuvo el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans (Formosa).
El proyecto fue defendido por la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien rechazó que la iniciativa favorezca a alguien en particular, pero se negó a dar los datos sobre cuál es el monto de la deuda de Oil Combustibles, de Cristóbal López, en materia de impuesto a los Combustibles retenidos a los clientes pero no tributados al fisco. “No voy a hablar de casos”, explicó Marcó del Pont cuando Bullrich le pidió precisiones sobre el monto de la deuda en impuesto a los combustibles y al juego que adeuda el empresario kirchnerista.
Los artículos en cuestión son el 11 y el 16. El primero, tildado como “la cláusula Cristóbal López” cuando se discutió en Diputados el viernes pasado, habilita a ingresar a la moratoria a aquellas empresas que se encuentre en proceso de quiebra. Sobre este punto, la radical Silvia Elías de Pérez (Tucumán) tomó las palabras de Marcó del Pont, quien dijo que la moratoria busca “impulsar la actividad económica y la sostenibilidad de los puestos de trabajo”, y le pidió a la funcionaria excluir del alcance del beneficio a las empresas acusadas por defraudación al Estado.
“¿Sin límite no cree que la amnistía fiscal puede pasar a convertirse en impunidad económica?“, preguntó la senadora. A lo que Marcó del Pont respondió: “No sé por qué las empresas llegan a la quiebra; no hay razones buenas y malas para dejar de pagar impuestos”.
El proyecto “universaliza” la moratoria aprobada en la emergencia pública sancionada por el Congreso en diciembre, la primera ley del gobierno de Alberto Fernández, y establece un plan de pagos de 48 y 60 cuotas para todos los impuestos adeudados hasta el 31 de julio.
