La Justicia sentenció al extitular de AFIP a 4 años y 8 meses de prisión por defraudación al Estado. Pese a quedar inhabilitado a ejercer cargos públicos, Marcó del Pont lo ratificó en su cargo en la Aduana.
El salvavidas K le llegó en el momento más oportuno a Ricardo Echegaray, quien fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión por el Tribunal Oral Federal con inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont lo ratificó en su cargo al frente de la Aduana y seguirá cobrando su sueldo del Estado. La noticia se viralizó con duras críticas en las redes sociales, y uno de los especialistas como Daniel Sabsay fue letal.
“Muy grave que no cumplan el fallo de la Corte Suprema que condenó a Echegaray por haber facilitado delitos a López y De Souza y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos. Seguiría en funciones en AFIP. Se requiere una rápida reacción de la Justicia de la oposición y la sociedad”, manifestó en las redes el profesor de Derecho Constitucional.
No es la primera vez que Marcó del Pont sale al rescate de Echegaray. En febrero del año pasado decidió dejar sin efecto la suspensión que se había dictado durante la anterior gestión sobre Ricardo Echegaray. Mercedes Marcó del Pont le restituyó el cargo y sus funciones dentro de la Aduana.
La condena de los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso fue unánime al encontrar penalmente responsable a Ricardo Echegaray del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública. Los magistrados entendieron que el exfuncionario de los gobiernos kirchneristas, quien apelará la medida y por lo tanto no irá a la cárcel, cometió delitos al habilitar el otorgamiento de determinados planes de pagos a la empresa Oil Combustibles, pero desligaron de responsabilidades a los empresarios.
En cuanto a los empresarios, por mayoría (Machado Pelloni y Ríos a favor, Basso en disidencia), el TOF absolvió a López y De Sousa y dispuso “levantar las medidas cautelares” dictadas contra ambos, “como así también de todas las personas jurídicas en la que tienen participación”.
