En la audiencia virtual que le concedieron, la vicepresidenta hizo su descargo para pedir la nulidad del caso en el mismo día del 27° aniversario del atentado a la mutual judía.
Dos horas y medias después de que los familiares y víctimas del atentado de la AMIA recordaron el 27 aniversario con el lema “Conectados contra la impunidad”, de manera virtual inició en Comodoro Py una audiencia pedida por Cristina Kirchner para exponer los argumentos en base a los cuales, pidió que se anule el caso elevado a juicio donde se la acusa de encubrimiento agravado del atentado de la mutual judía. Tal como se esperaba, la vicepresidenta disparó contra la justicia: “esta causa es un disparate institucional, judicial y político”.
De la audiencia participan los integrantes del Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) José Michilini, Gabriela López Íñiguez y Daniel Obligado, el fiscal Marcelo Colombo y los imputados que requirieron este espacio para defenderse e las acusaciones. Serán tres los planteos que se escucharán este viernes y el TOF fijó plazos de 45 minutos para cada exposición.
Desde su despacho en el Congreso de la Nación, Cristina Kirchner fue la primera en exponer durante la audiencia presidida por la jueza Gabriela López Íñiguez. Previo a escuchar su descargo, la secretaria del TOF 8 informó que el jueves a última hora, ingresaron diversas pruebas solicitadas: ingresos y egresos a la Quinta de Olivo, una declaración testimonial de la jueza Ana María Figueroa que había hablado de presiones durante la gestión anterior, resoluciones vinculadas al caso, documentación de la UFI-AMIA.
Con los papeles sobre su escritorio, las anotaciones en orden, la vicepresidenta inauguró la audiencia. “Nos acusan de ser encubridores del máximo atentado que sufrió nuestro país”. La idea es “desde la más simple lógica del disparate judicial, institucional y político que es esta acusación”.
Participan de la audiencia el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, Andrés “cuervo” Larroque, Juan Martín Mena, los abogados defensores: Carlos Beraldi, León Arslanian, Martín Arias Duval, Aníbal Ibarra, Eduardo Barcesat, Graciana Peñafort, Alejandro Rúa, entre otros.
La causa conocida como Pacto con Irán inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman acusando a la entonces presidenta de la Nación y a varios integrantes de su gabinete de encubrimiento por la firma de ese documento, a través del cual -afirmaba Nisman- se buscó beneficiar a los iraníes acusados de ser responsables del mayor atentado terrorista en nuestro país. El caso se elevó a juicio oral en 2018, pero el TOF 8 ahora deberá decidir si anula las actuaciones y sobresee a los imputados, o impulsa la realización del debate oral.
Una de las querellas, representada por el abogado Tomás Farinni Duggan, anticipó que no asistirá a la audiencia. Señaló que este viernes se recordarán 27 años del atentado a la AMIA: “respetaremos la memoria de 85 argentinos que perdieron la vida en ese infausto atentado terrorista, entre quienes se encontraban nuestras hijas (por la querella de dos familiares); en segundo lugar, consideramos que la audiencia ordenada por el Tribunal es nula, y no la convalidaremos con nuestra presencia”, indicaron cerca del abogado.
Los familiares de las víctimas del atentado y la DAIA expresaron además que “no le tenemos miedo a la verdad. Por el contrario, desde que el Fiscal Nisman formuló su denuncia, solo deseamos que se realice el juicio oral y público, oportunidad en la que los imputados podrán ejercer plenamente sus defensas”.
Los pedidos de nulidad que dan origen a la controvertida audiencia se formularon después de conocerse que dos integrantes de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri. Ambos intervinieron en las resoluciones que confirmaron el avance del caso hacia el juicio oral.
La audiencia de este viernes no tiene antecedentes, ya que es ante el Tribunal que debe realizar el juicio. En marzo, Cristina Kirchner hizo un descargo político ante la Cámara de Casación frente a las acusaciones vinculadas a las operaciones con el Dólar Futuro. En aquella ocasión pidió también la nulidad del expediente, algo que obtuvo: los jueces consideraron que lo que fue investigado como una maniobra delictiva no era más que una decisión política que no podía judicializarse, y dictaron el sobreseimiento de los acusados.
Información publicada por Lucía Salinas en Clarín
