La impunidad persiste y el Estado debe actuar.
El 18 de julio de 1994, un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) provocó la muerte de 85 personas, dejó más de 300 heridas y marcó para siempre a la sociedad argentina.
A 31 años de uno de los mayores ataques terroristas en la historia reciente del país, la causa judicial continúa atravesada por la impunidad. Ningún gobierno, en más de tres décadas, ha cumplido con su deber de esclarecer lo ocurrido, identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, ni de garantizar el derecho a la verdad para la sociedad.
En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó una sentencia histórica en el caso Memoria Activa vs. Argentina, en la que declaró al Estado argentino responsable internacionalmente por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado, ni para investigarlo con la debida diligencia. También lo halló culpable de encubrir los hechos y de impedir el acceso real a la documentación relativa al caso.
Entre los puntos centrales de esa sentencia, el tribunal internacional determinó que el Estado violó el derecho a la verdad, no sólo por las deficiencias en la investigación del ataque y su encubrimiento, sino también por los obstáculos que enfrentaron las familias para acceder a información esencial. La Corte ordenó remover esas trabas y reimpulsar las investigaciones necesarias.
JUICIO ORAL EN AUSENCIA
Por orden del juez federal Daniel Rafecas, iniciará el juicio oral en ausencia para los diez acusados de planificar y ejecutar el atentado terrorista contra la AMIA en julio de 1994, que causó la muerte de 85 personas en la mutual judía ubicada en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta medida se aplica a los imputados, de nacionalidad iraní y libanesa, que permanecen prófugos desde 2006 y no han podido ser juzgados en territorio argentino.
La decisión se tomó tras aceptar el pedido de la Fiscalía a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA, encabezada por Sebastián Basso, y se sustenta en la reciente aprobación en el Congreso del juicio en ausencia como mecanismo legal para casos de este tipo. Así, la justicia avanza para garantizar el proceso pese a la ausencia física de los acusados.
Los imputados —entre ellos Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, entre otros— tienen alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006, pero nunca fueron detenidos. En su mayoría son ciudadanos iraníes que no pueden ser extraditados y que, pese a las órdenes internacionales, continúan moviéndose con libertad por razones geopolíticas o porque las alertas no se activan.
La medida no implica un paso automático al juicio oral: hay un plazo de tres días hábiles para que las partes puedan apelar el fallo. Algunas querellas, como APEMIA, Memoria Activa, y 18J, junto con la defensa oficial, ya anticiparon su rechazo a esta modalidad. Mientras tanto, la Fiscalía debe solicitar formalmente el procesamiento de los acusados para que estén legalmente habilitados a ser juzgados en esta nueva instancia.
El juicio en ausencia fue incorporado este año al Código Procesal Penal argentino gracias a una reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, y está destinado a casos graves como terrorismo, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Para su aplicación, los imputados deben estar prófugos al menos cuatro meses, condición que se cumple en este caso. La norma establece, además, que si en algún momento los acusados se presentan ante la Justicia, tendrán derecho a iniciar un nuevo juicio.
La lucha de los familiares continúa
Las organizaciones de familiares de víctimas, como Memoria Activa, persisten desde hace más de tres décadas en su demanda de justicia. Denuncian a quienes, desde distintos poderes del Estado, facilitaron el encubrimiento del atentado y aún hoy gozan de impunidad.
En este nuevo aniversario, Amnistía Internacional exige al Estado argentino que cumpla con la sentencia de la Corte IDH y avance en una investigación seria, independiente y eficaz; que identifique, juzgue y sancione a todas las personas responsables, tanto del atentado como de su encubrimiento; que preserve, resguarde y garantice el acceso a toda la documentación vinculada al caso; y que fortalezca las capacidades estatales para prevenir ataques terroristas, siempre con un enfoque centrado en los derechos humanos.
A 31 años del atentado a la AMIA, la impunidad no puede ser una opción. Es tiempo de que el Estado argentino cumpla su obligación de brindar verdad, justicia y reparación.
