Las autoridades recopilan imágenes para identificar a quienes participaron de los enfrentamientos y dañaron bienes públicos para arrojar objetos contundentes contras las fuerzas de seguridad.
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra los manifestantes que protagonizaron los incidentes durante la marcha universitaria realizada este jueves frente al Congreso de la Nación. La presentación, impulsada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad, incluye acusaciones por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. En paralelo, las autoridades recopilan imágenes para identificar a quienes participaron de los enfrentamientos y los destrozos.
Según el escrito, los implicados habrían actuado con los rostros cubiertos para evitar ser reconocidos. La denuncia sostiene que algunos manifestantes dañaron bienes públicos para obtener objetos contundentes y luego los arrojaron contra integrantes de las fuerzas federales desplegadas en las inmediaciones del Parlamento.
El Ministerio también planteó que los incidentes se produjeron mientras el Congreso desarrollaba su actividad legislativa. Por ese motivo, consideró que los hechos podrían haber tenido como objetivo obstaculizar parcial o totalmente el funcionamiento del Poder Legislativo. Esa interpretación forma parte de los argumentos presentados ante la Justicia y deberá ser evaluada en el marco de la investigación.
Los detenidos, los heridos y daños frente al Congreso
La jornada terminó con al menos 25 personas detenidas durante los enfrentamientos registrados en las calles cercanas al edificio legislativo. Entre los procedimientos se destacó la aprehensión de un adolescente de 14 años, señalado por arrojar piedras contra un móvil policial en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre.
Tras la intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia Este, se dispuso la participación del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para abordar el caso, de acuerdo con los procedimientos correspondientes a menores de edad.
Los enfrentamientos también dejaron ocho efectivos de las fuerzas federales lesionados: cuatro integrantes de la Gendarmería Nacional, dos de la Prefectura Naval y dos de la Policía Federal. Según la denuncia, los agentes fueron atacados con piedras y otros objetos contundentes por grupos que se separaron de la columna principal de manifestantes.
A las consecuencias físicas se sumaron los daños materiales. Una estimación preliminar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires calculó en $90 millones los destrozos en el espacio público. El mobiliario urbano, las veredas, los canteros y los espacios verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores resultaron afectados.
La movilización había sido convocada en defensa de la educación pública universitaria y también incluyó reclamos vinculados con la emergencia en discapacidad. Sin embargo, los incidentes registrados durante la tarde quedaron en el centro de la controversia.
Con la denuncia presentada, el Ministerio de Seguridad busca avanzar en la identificación de los responsables y respaldar las acusaciones con registros audiovisuales. La investigación judicial deberá determinar la participación individual de los involucrados y establecer si corresponde atribuirles los delitos señalados por el Gobierno.
